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En 2021, diez mujeres víctimas de violación abortaron mediante el protocolo de interrupción legal del embarazo (ILE) o interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en Jalisco.
Lo hicieron a través del Programa para la Interrupción Legal del Embarazo, implementado desde 2017 por los Servicios de Salud del Estado de Jalisco.
Esta política pública establece que las mujeres víctimas de delitos como violación o abuso sexual infantil pueden ser canalizadas por la Fiscalía del Estado (FE) o pedir de forma voluntaria la interrupción del embarazo y, posteriormente, la autoridad sanitaria debe garantizar el derecho. La ILE también puede solicitarse cuando el embarazo supone riesgo para la vida de la mujer.
A través de una solicitud de transparencia, la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) especificó que las 10 mujeres que accedieron a la ILE en 2021 dijeron haber sido víctimas de violación.
La información entregada indica que nueve de las mujeres hicieron la solicitud por su propia cuenta al ser mayores de 12 años –una a través de la Fiscalía del Estado y ocho directamente en la SSJ–.
La restante fue una niña de apenas 11 años; para estos casos el programa indica que los padres son los que deben solicitar la ILE. La dependencia no precisó si la petición se hizo a través de la FE o directamente en la SSJ.
De las mujeres que accedieron a la ILE en 2021, cuatro son adolescentes. Además de la menor de 11 años, dos niñas de 15 y una de 16 la solicitaron. El resto son jóvenes: una tenía 18 años al momento de pedir el procedimiento; otra, 19; dos, 20; una, 23 y, una más, 36 años.
Según la SSJ, las mujeres y niñas que accedieron a la ILE tenían entre cinco y 17 semanas de gestación.
Por meses, hubo un procedimiento en enero y otro en febrero, mientras que en marzo, abril, agosto y octubre se realizaron dos abortos en cada mes.
Más allá de los datos de la SSJ, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indica que en 2021 se procesó a 11 personas por abortar en Jalisco, es decir, hubo más personas inculpadas por el delito que aquellas que consiguieron la ILE. El SESNSP no precisa si todos los sometidos a proceso eran mujeres, por lo que entre ellos también podría haber hombres por ayudar a realizar un aborto.
Con tres casos, marzo de 2021 fue el mes con más personas procesadas por abortar.
Por otro lado, el SESNSP revela que en 2021 el estado reportó 518 casos de violación simple, es decir, en promedio ocurrieron 43.1 casos al mes. Con 57 violaciones, abril fue el mes con la incidencia más alta.
El programa de los Servicios de Salud de Jalisco indica que todas las mujeres cuyo embarazo pone en riesgo su vida y aquellas que fueron víctimas de violación y abuso sexual infantil pueden acceder a la ILE; sin embargo, la objeción de conciencia en el personal de la salud imposibilita un acceso total.
En Jalisco, al corte de mayo de 2021, sólo seis hospitales tenían personal no objetor de conciencia y debidamente capacitado para practicar la ILE de acuerdo a los protocolos establecidos en 2017, cuando arrancó el programa.
Los nosocomios son el Comunitario de Colotlán, los regionales de Tepatitlán, Ciudad Guzmán y Puerto Vallarta, el Hospital General de Occidente (HGO) y el Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos. Por lo tanto, regiones como la Sierra de Amula, la Costa Sur, Lagunas, Sureste, Ciénega, Valles y Altos Norte no cuentan con hospitales con personal capacitado para realizar ILE.
Aunado a lo anterior, la SSJ sólo reportó 26 profesionales no objetores de conciencia y capacitados para este fin: dos en Tepatitlán; cinco en Ciudad Guzmán; cinco en Puerto Vallarta; seis en el Materno Infantil Esperanza López Mateos, y ocho en Colotlán. Aunque la SSJ especificó que en el Hospital General de Occidente también cuenta con personal, en el desglose no lo incluyó.
Por complicaciones relacionadas con la salud y/o la vida de la mujer o del producto del embarazo, la SSJ reportó 3 mil 567 abortos no intencionales durante 2021 en sus hospitales. Al tratarse de emergencias médicas, los abortos fueron atendidos en todos los hospitales que forman parte del Organismo Público Descentralizado (OPD) Servicios de Salud Jalisco.
De ese universo, 52 casos se trataron de niñas de entre 10 y 14 años de edad, y 816 correspondieron a adolescentes de entre 15 y 19 años.
La estadística de mujeres y niñas que acceden a la interrupción legal del embarazo (ILE) es un indicador de que el aborto legal aún no es un derecho garantizado para las mujeres, ni siquiera si son víctimas de violencia, señaló la académica de la División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Miriam Tello Bañuelos, quien urgió al Congreso de Jalisco a que legisle en favor del aborto.
La experta apuntó que es un derecho que debe garantizarse para todas las mujeres; sin embargo, hasta el día de hoy ha faltado voluntad política.
“No va a ser suficiente hasta que eso no se encuentre garantizado en la norma, (hasta) que de manera segura las mujeres en Jalisco puedan realmente tener acceso legal a la interrupción del embarazo como eso, como una garantía, como un derecho que el Estado les debe proporcionar y no como una lucha para alcanzar ese derecho. Debe de estar normalizado, debe de estar educado; creo que hay muchas cosas por hacer”.
Indicó que a la fecha muchas mujeres son revictimizadas al acceder a la ILE y deben esperar a que las autoridades revisen su caso y, si éstas lo consideran pertinente, practicar el procedimiento pese a que la decisión debería ser exclusiva de la víctima. Esto, recalcó, no debe suceder. Lauro Rodríguez
CIFRAS
jl/I