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Lemus
Y no le hagan sombra
Las comisarías son un eslabón débil de la seguridad pública en Jalisco y en el país. Pese a su importancia por la proximidad social que representan, son las más abandonadas en muchos sentidos. Se trata de corporaciones vulnerables en diversos sentidos que, precisamente por su fragilidad, difícilmente previenen delitos y protegen a los habitantes, sobre todo en municipios pequeños.
En Jalisco son numerosos los signos ominosos de cómo los alcaldes, por más honestos o bien intencionados que sean, pueden garantizar una eficiente seguridad pública. No tienen con qué hacerlo. No existen las condiciones. Un muestrario reciente de lo que parecieran hechos aislados, ejemplifica la delicada situación de los municipios ante la desbordante inseguridad.
Un caso fue la cancelación del grito de Independencia en Mazamitla. Para un municipio turístico esa decisión, necesaria para no arriesgar a la población, representa un golpe a su imagen, economía y tranquilidad. En frontera con Michoacán, Mazamitla y la región están bajo el fuego cruzado de las bandas que se disputan el territorio. ¿Qué puede hacer una administración con apenas 18 policías frente a grupos que disponen en poco tiempo de cientos de delincuentes fuertemente armados? Por si fuera poco, el alcalde Jorge Magaña casi salió regañado por el gobierno estatal por su decisión “unilateral”.
Lo sucedido en Mazamitla recuerda la llamada de atención del gobierno estatal al presidente municipal de Tamazula, Raúl Everardo Gutiérrez Castañeda, quien, en marzo, ante los riesgos de seguridad que enfrentaba la población suspendió las labores de gobierno y escolares. El provenir de partidos de oposición, como son Futuro y Hagamos, pone a los alcaldes en la mira política del gobierno estatal, que viene de Movimiento Ciudadano.
En Tizapán el Alto, vecino también de Michoacán, la semana pasada tiraron de nuevo restos humanos en bolsas, precisamente en la fecha en que se cumplían 10 años de que arrojaron ahí 17 cuerpos sin vida. En junio el pueblo El Volantín fue tomado por un cártel, que exhibió un video en redes sociales. El mismo mes victimaron al comisario, en la carretera a Tuxcueca, y dos policías quedaron heridos.
La policía de Lagos de Moreno está bajo asedio de muerte. En la reciente semana tres veces han baleado a elementos, con saldo de ocho de ellos heridos. Entre las víctimas está el subdirector. El 15 de septiembre atacaron a otros policías. Ayer se reportaron tres nuevos tiroteados. Pese a tenerse un cuartel de la Guardia Nacional las agresiones a los municipales continúan.
Hace tres semanas renunció la alcaldesa de Santa María del Oro. Aunque la versión oficial es que fue por motivos personales, trascendió que se trató de “cuestiones de seguridad”. Días antes se informó de un enfrentamiento en un poblado. En julio aparecieron en Mazamitla los cuerpos mutilados de dos policías municipales de Santa María del Oro.
Este mes el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo en Mezquitic. Ahí la comunidad wixárika le pidió mayor seguridad en la región, asolada por grupos delictivos que instalan a su antojo retenes y cometen delitos.
Jilotlán de los Dolores es un caso especial. Desde hace más de un año las autoridades no han podido brindar las garantías para que ahí se realicen elecciones. Limítrofe con Michoacán, sigue gobernado por un consejo municipal. Ni la vigilancia reforzada en la región permite los comicios.
Tampoco escapan los municipios más grandes y fortalecidos. Que un policía de Guadalajara liderara una banda de secuestradores, es un buen ejemplo de lo infiltrado de las comisarías.
Con bajos sueldos, mínimo presupuesto, connivencia con grupos delictivos, escasas prestaciones, sin preparación, ni adecuado armamento, las comisarías sortean huracanes.
Twitter: @SergioRenedDios
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