Inseguridad y volantas

Ante las diversas situaciones de inseguridad que se han presentado en la zona metropolitana, los presidentes municipales de Guadalajara y Zapopan, así como el gobernador se han pronunciado por el regreso de las volantas o retenes de seguridad en las calles; esta vez con la idea de crear un “patrullaje mixto” en el que participarían distintas corporaciones del estado.

Apenas en febrero de 2022 y ante una reacción social fuerte por la sustracción del domicilio y posterior asesinato de un adolescente se puso en marcha una estrategia a la que nombraron “módulo seguro, por un ciudad tranquila”, que supuestamente permitiría encontrar armas de fuego con revisiones aleatorias y que el gobernador justificaba argumentando que sería un esfuerzo por sacar armas, drogas y delincuentes de las calles. Esta vez se ha señalado que la propuesta de los patrullajes se orientaría a corredores comerciales o de alta plusvalía para inhibir la comisión de delitos.

La estrategia de las volantas se ha utilizado por gobiernos anteriores, pero en ningún caso con resultados que permitan asociarlas con disminuir los índices de inseguridad; por el contrario, se corre el riesgo de que se comentan violaciones de derechos humanos y se criminalice a las personas que transitan por la ciudad. Incluso el propio Alfaro siendo gobernador electo manifestó en 2018 que rechazaba esa clase de dispositivos y que su gobierno diseñaría un plan integral para atender la inseguridad y no una acción tan limitada como los retenes.

Independientemente de la denominación que adopten, los controles preventivos provisionales no han mostrado ser una estrategia eficaz para el combate a las violencias, parecieran más una exhibición de fuerzas de seguridad que intentan contrarrestar con presencia en las calles el justo reclamo de la ciudadanía por la construcción de un Jalisco en donde se pueda vivir sin riesgo.

Tampoco queda claro el campo de la actuación que se pretende con ellas; la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido diversas tesis al respecto indicando que tales controles deben ser temporales y que no se justifican revisiones al azar, pues su fin es evitar la comisión de algún delito con base en información previamente denunciada, también ha sido clara en señalar que las autoridades no pueden detener a una persona bajo una circunstancia abstracta como la apariencia física, su forma de vestir, hablar o comportarse.

Lejos de pensar en medidas desde un enfoque punitivo penal o de orientación represiva es necesario ir a las causas que generan la inseguridad, principalmente en una región como Jalisco en donde circulan grandes volúmenes de capital procedentes de negocios ilícitos, se vuelve imperante desestructurar los mecanismos financieros y de impartición de justicia que hacen posible una impunidad casi total.

Es necesario dialogar sobre una noción de seguridad ciudadana que apele a un concepto de protección integral, incluyendo nociones como las de justicia social en relación a los actos de exceso de poder del estado.

Un plan integral de atención a la inseguridad, violencia y delito debe tener un fuerte énfasis en la prevención, pensarse en el marco del respeto a los derechos humanos y en la educación y profesionalización de las corporaciones de seguridad considerando también las prestaciones y derechos como trabajadores de quienes las integran, se debe contar con un diagnóstico que nos permita conocer con objetividad la dimensión del problema, con datos precisos, que considere la cifra oculta del delito y que se establezca también con la escucha a las víctimas de las diversas formas de violencia.

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