García Luna y la represión

Uno de los personajes más oscuros de los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón (2000 a 2012) fue detenido en Estados Unidos en diciembre de 2019 acusado de corrupción y vínculos con grupos del crimen organizado. El juicio en contra de Genaro García Luna tuvo varios aplazamientos, pero finalmente se ha iniciado y la nefasta actuación de un personaje clave en la política punitivo-represiva en materia de seguridad durante ambos sexenios vuelve a ser objeto del debate público.

Los argumentos para acusarlo derivan de un señalamiento por sobornos multimillonarios para permitir que grupos de traficantes de drogas pudieran actuar con toda impunidad en el país mientras García Luna desempeñaba altos cargos en dependencias de seguridad; fue titular de la Agencia Federal de Investigación (AFI) con Fox y después fue secretario de Seguridad Pública con Calderón.

En el juicio que enfrenta en Estados Unidos se le acusa de delitos por conspiración para distribuir drogas, narcotráfico y declarar con falsedad. Ante su detención, en México también se le abrió una carpeta de investigación señalando al ex funcionario por delitos contra la salud, delincuencia organizada, cohecho y otros.

Si bien el proceso que enfrenta por cargos vinculados al crimen organizado recién inicia, su actuación al frente de las dependencias de seguridad pública que estuvieron bajo su responsabilidad lo convirtieron en un actor clave de la estrategia represiva que pretendía justificarse como de combate al narcotráfico y que provocó graves violaciones de derechos humanos, así como la criminalización y estigmatización de las víctimas.

En una investigación periodística publicada en el medio independiente Pie de Página (11/12/2019) se señala que el ex funcionario de seguridad estuvo vinculado desde el inicio de su carrera (1989) al área de “terrorismo y contraterrorismo” del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), instancia conocida por el espionaje contra actores sociales que reivindicaran luchas en defensa de los derechos humanos, del territorio, antisistémicas o vinculada con movimientos guerrilleros.

Durante el trabajo al frente de las dependencias de seguridad pública bajo su cargo se produjeron desapariciones forzadas, torturas y se construyó una narrativa visual para medir el éxito de sus operativos consistente en exhibir ante medios los rostros de las personas detenidas con las armas y/o dinero que supuestamente tenían o televisar rescates en vivo, siendo el más famoso el de la detención de la ciudadana francesa Florence Cassez (2005) acusada de secuestro y que se transmitió ante televisión abierta, reconociéndose posteriormente que solo era un montaje realizado con posterioridad a los hechos.

La Agencia Federal de Investigación (AFI) de la que García Luna era titular fue la responsable de la denuncia contra Teresa González, Alberta Alcántara y Jacinta Francisco Marcial, indígenas ñahñú que fueron sentenciadas (2006) supuestamente por haber secuestrado a seis agentes de la Policía Federal; las mujeres pasaron años en prisión por un delito que no cometieron y del que no había pruebas; luego de una gran presión social y la intervención de instancias internacionales y de justicia nacional, en 2017 la PGR les ofreció una disculpa y reconoció su inocencia.

García Luna debe responder por los cargos de corrupción y vínculos criminales que se le imputan, pero también debe ser procesado por las graves violaciones de derechos humanos que se cometieron bajo su responsabilidad, junto con los funcionarios del más alto nivel de gobierno que permitieron tal impunidad.

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