Empresarios, ¿vigilantes o cómplices?

¿Cómo se termina con la corrupción en las compras y asignaciones gubernamentales? Encontrar una respuesta no es sencillo. A lo largo de las administraciones, tanto estatales como federales, se han diseñado diversos mecanismos que, en apariencia, permitirían establecer candados para garantizar que las adquisiciones o contratación de servicios sean para quienes hacen la mejor oferta en precio y calidad. Pero la realidad ha sido otra.

En el Congreso del Estado se cocina una reforma en materia de compras gubernamentales y entre los puntos que estarán a revisión se encuentra la participación de los organismos empresariales en los comités de compra.

La incorporación de las cúpulas empresariales a los comités de compra tiene como objetivo que sean quienes vigilen los procesos de licitación. Las actas de cada una de las etapas deben estar firmadas por los representantes de la iniciativa privada, con lo cual se da por sentado que fue supervisado para evitar que se favorezca a alguna empresa o se tome alguna decisión que vaya contra los intereses de la institución que licita.

En la práctica es distinto. Solo por recordar en un caso, la licitación del arrendamiento de maquinaria pesada para el programa A Toda Máquina fue avalado en 2019 por los representantes del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, Ernesto García de Quevedo Ochoa y Armando González Farah.

Cuando la Contraloría del Estado y la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) revisaron el proceso de licitación, que implicaba un contrato de 3 mil 634 millones de pesos, confirmaron que hubo irregularidades, ya que se permitió participar a la empresa Avancap, a pesar que no cumplía los requisitos que se marcaron en la convocatoria, con lo cual se evitó suspender la licitación. En las investigaciones se confirmó que funcionarios de la Secretaría de Administración y de la propia Contraloría del Estado incurrieron en faltas graves, además de señalar a la empresa Avancap por mentir en el proceso.

Las faltas eran evidentes, pues en la licitación se negó la participación a otras empresas que incumplían los mismos requisitos que Avancap, pero los representantes de la iniciativa privada no hicieron observaciones.

Unos meses después, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez concesionó la reparación y rehabilitación de tramos carreteros estatales en dos contratos de 3 mil 419 millones de pesos. Uno de esos contratos se firmó con la empresa L&E Operadora de Vialidades en Los Altos, SAPI de CV, cuyo presidente del Consejo de Administración es precisamente Ernesto García de Quevedo Ochoa, mientras que Armando González Farah es secretario.

Entre los organismos empresariales hay quienes están a favor de una reforma que los deje fuera de la supervisión de los procesos de compra, pues consideran que son juez y parte en los mismos y, por otra parte, tienen responsabilidades cuando se detectan anomalías.

Lo cierto es que la participación de las cúpulas empresariales se ha convertido prácticamente en un palomeo de las licitaciones. En ocasiones, los organismos argumentan que no tienen la capacidad técnica para verificar todos los procesos de todas las instituciones que los llevan a cabo; sin embargo, también les permite tener el control en la distribución de los contratos, que es un secreto a voces.

La reforma se discutirá bajo la figura de parlamento abierto, por lo que se espera la participación de la iniciativa privada, pero también de la sociedad civil, especialmente a través de organismos anticorrupción. Será interesante saber si los diputados están realmente interesados en revisar el tema y si los empresarios asumen su responsabilidad para elegir el esquema que abone a la transparencia y permita reducir la corrupción.

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