El negocio de la basura

En los últimos días, en un par de declaraciones a los medios de comunicación, el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, ha dejado entrever que este martes, cuando los cuatro alcaldes de municipios que tienen concesiones con la empresa Caabsa Eagle informen cómo resolverán la crisis de la basura, volverán a asumir esta responsabilidad.

No es la primera vez que los alcaldes lanzan advertencias contra la empresa encargada de la recolección de la basura y, en algunos casos, del destino final de los desechos. Sin embargo, en las ocasiones anteriores era evidente que no estaban listos para un cambio. Ahora, al menos en los mensajes que han lanzado, podrían estar preparados.

La historia de la empresa Caabsa Eagle, que en el Área Metropolitana de Guadalajara tiene actualmente contratos de concesión con los ayuntamientos de Guadalajara, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga y El Salto, ha estado marcada por incumplimientos, señalamientos de corrupción y un grave daño ambiental.

El origen de los problemas es que los contratos con Caabsa están basados en la cantidad de basura. Es decir, entre más basura recoge la empresa tiene más ganancias.

Cuando el ahora gobernador Enrique Alfaro Ramírez llegó al gobierno municipal de Guadalajara se llevó a cabo una auditoría al servicio prestado por la empresa. Las irregularidades que se encontraron fueron múltiples, pero entre las más importantes estaba que la basura se mojaba en los camiones antes de llegar al basurero para aumentar su peso; que la basura que recogía la empresa de particulares, con los cuales tenía contrato, era transferida a los camiones públicos y luego pesada como si fueran desechos de los ciudadanos, y también que la basura que se depositaba en espacios como papeleras era entregada a Caabsa, que después la mezclaba con la recolectada en domicilios.

Es decir, no solo había cobros dobles en el caso de las papeleras y los particulares por parte de Caabsa, sino que además sumaba lo ahí recolectado a la basura municipal que llevaba a los tiraderos.

Pero lejos de aplicar sanciones ante esas evidencias, se renovaron los contratos.

Otro problema es que Caabsa, a pesar de incluir en la concesión el destino final de la basura, nunca aportó un sitio para tirarla. El disponer de un predio para llevar la basura ha sido un problema de los ayuntamientos, que además han tenido que hacer frente a los justos reclamos de vecinos de los basureros por el mal manejo que la empresa ha tenido y las graves omisiones en el abandono adecuado de los tiraderos y la filtración de lixiviados a cuerpos de agua.

Los alcaldes que han tenido que cargar con los contratos con Caabsa han señalado que la salida será crear un “Siapa de la basura”, con lo cual se refieren a la coordinación metropolitana.

En la decisión que tomarán serán indispensables dos enfoques. El primero, el sustento jurídico del nuevo modelo, de manera que no signifique, como ha ocurrido con muchos contratos públicos, que, si bien se rescinden, luego se convierten en sentencias millonarias adversas.

También será determinante la solución que se dé para la recolección, manejo y destino final. La coordinación metropolitana es indispensable pero no es por sí sola la solución. La prueba es que en otros servicios en que existe esa coordinación hay graves deficiencias y permiten más bien a los municipios sacudirse la responsabilidad. Como ejemplo tenemos el agua, el ordenamiento vial y la seguridad.

La solución que se requiere es integral, con la participación de los ciudadanos y con un enfoque que tenga como fin reducir la basura que llega al tiradero y que, si inevitablemente van a hacer negocio, sea con el reciclado.

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