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En las últimas semanas han ocurrido tres hechos que representan un retroceso en la promoción y defensa de los derechos humanos en México. Los tres tienen que ver con renuncias de personas que ocupaban puestos clave en diversos organismos relacionados con este tema.
La primera fue la de Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. El 23 de agosto pasado anunció su dimisión con una carta en la que señalaba que lo hacía “en virtud de los contextos actuales”.
El contexto al que se refiere Quintana son las críticas que el presidente Andrés Manuel López Obrador mantuvo hacia al trabajo de la Comisión Nacional de Búsqueda. El mandatario descalificó sus cifras sobre el número de personas desaparecidas y anunció la realización de un censo con servidores de la nación.
En septiembre el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada cuestionó la iniciativa del censo y externó su preocupación porque el número de casos sigue en aumento. Organizaciones civiles defensoras de derechos humanos y de búsqueda de personas alertaron sobre el peligro de que el censo busque disminuir las cifras oficiales.
Tras la renuncia de Karla Quintana, el gobierno federal nombró a Teresa Guadalupe Reyes Sahagún. Ella ocupaba la dirección del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos.
Organizaciones de la sociedad civil y la ONU cuestionaron el nombramiento, pues según Naciones Unidas: “El proceso de designación de la nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda no contó con los niveles de consulta, participación, transparencia y escrutinio deseables”.
En este mismo sentido se pronunció el Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, del ITESO. Su directora, Alejandra Nuño, sostuvo que la designación es “una mala noticia”, pues la nueva titular no cumple los requisitos de la ley y no se realizaron las consultas necesarias.
La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas establece que quien ocupe estos cargos debe haberse desempeñado “destacadamente en actividades profesionales, de servicio público, en la sociedad civil o académicas relacionadas con la materia de esta ley, por lo menos en los dos años previos a su nombramiento”. Además, pide que cuente con “conocimientos y experiencia en derechos humanos y búsqueda de personas, y preferentemente con conocimientos en ciencias forenses o investigación criminal”. Reyes Sahagún no cumple estos requisitos.
El 19 de octubre renunció Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación y titular de la Comisión de la Verdad que investiga el caso Ayotzinapa. La versión oficial es que dejó esta importante responsabilidad para sumarse a la campaña de Claudia Sheinbaum, aspirante de Morena a la Presidencia.
Encinas había tenido diferencias al interior del gobierno federal por la negativa del Ejército a entregar documentación sobre el caso Ayotzinapa. Analistas y organizaciones civiles lamentaron la renuncia. En su lugar fue nombrado Félix Arturo Medina Padilla, quien se desempeñaba como titular de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Hacienda.
Cuatro días después, el 23 de octubre, las seis personas que formaban el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos también renunciaron. En su carta señalan que la presidente del organismo, Rosario Piedra, lleva dos años desdeñando sus consejos, además de obstaculizar su trabajo y amenazarles.
Además, señalan que “un órgano que debiera ser autónomo –como la CNDH– pareciera estar atendiendo a intereses diversos a los de la defensa y promoción de los derechos humanos”.
Hay que recordar que el nombramiento de Rosario Piedra tampoco cumplió con los requisitos de ley y que también fue cuestionado por organizaciones de la sociedad civil. Su gestión se ha caracterizado por su tibieza y sometimiento al gobierno.
Estos tres hechos son preocupantes, pues muestran con claridad el retroceso que en materia de derechos humanos ha tenido el país durante la presente administración federal.
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GR