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Las autoridades municipales y estatales subestimaron el impacto del incendio ocurrido del 10 al 13 de junio de este año en la zona conocida como San Juan Cacoma, en el predio Neverías de Autlán de Navarro, y no tomaron acciones preventivas para evitar el desbordamiento del arroyo El Cangrejo del 25 de septiembre.
Así lo señala la investigación titulada “Informe sobre la avalancha de piedra y lodo que afectó a la comunidad de El Jalocote, municipio de Autlán, Jalisco, el 25 de septiembre de 2023”, la cual fue publicada en octubre por Pedro Barboza Jiménez, Óscar Gilberto Cárdenas Hernández, Faviola Castillo Navarro, Sarahy Contreras Martínez, Peter Gerritsen, Luis Manuel Martínez Rivera, Demetrio Meza Rodríguez, Gerardo Núñez González y Claudia Irene Ortiz Arrona, investigadores del Centro Universitario de la Costa Sur (CUCSur) de la Universidad de Guadalajara (UdeG).
En el documento se explica que las autoridades no consideraron acciones preventivas tras el incendio forestal en San Juan Cacoma, incluso lo catalogaron de “baja intensidad” pese a que zonas de Neverías resultaron con fuego de alta intensidad, según las mediciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet).
Neverías está en la parte alta de la cuenca de El Cangrejo, afluente que el 25 de septiembre arrastró tierra y piedras que provocaron el desprendimiento de maleza y generaron una avalancha que mató a nueve personas y la desaparición de una más.
“En el caso de El Jalocote, se minimizó la situación al señalarse que el incendio fue de baja intensidad en su mayor superficie, sin considerar la presencia del poblado en la parte baja y a una distancia relativamente corta del área afectada por el incendio, con una pendiente sumamente alta de las laderas adyacentes, suelos someros y un evento de lluvia que no fue atípico, sino que cayó sobre un suelo saturado que debilitó la fuerza de retención y la fuerza de gravedad provocó la avalancha”.
Luego del evento trágico, las autoridades de Autlán afirmaron que una lluvia atípica abonó al desbordamiento, lo que fue negado por los investigadores en el informe. La precipitación de ese día fue de 35 milímetros, es decir, estuvo dentro de los parámetros normales, pero lo que sí incidió fue el suelo, el cual estaba muy húmedo por lluvias previas.
Al hacer la reconstrucción de lo ocurrido, las y los científicas detectaron que los troncos arrastrados por la corriente de El Cangrejo no fueron producto del incendio de junio; sin embargo, las llamas sí ocasionaron que se consumiera la materia orgánica del suelo, lo que generó erosión en éste. Si a eso se le suma la humedad acumulada más la lluvia de esa noche, el resultado fue el desprendimiento de lodo y piedras.
Esa avalancha arrasó con todo a su paso, incluyendo vegetación que estaba a las orillas del arroyo.
En la realización del informe se utilizaron drones e información oficial para hacer los análisis.
La avalancha del 2 de junio de 2019 en San Gabriel, hecho que mató a cinco personas y dejó miles de damnificados, debió ser un antes y un después para las acciones preventivas de este tipo de incendios.
En el texto referido las y los investigadores afirman que si bien no es posible predecir este tipo de eventos, sí pueden generarse acciones para minimizar los riesgos, pero estas no se han tomado.
“Se pensó que el hecho de que cinco personas murieron y hubo cerca de 3 mil damnificados habría de generar un cambio en las políticas públicas municipales y estatales a través de las Unidades de Protección Civil y Bomberos y mejorar los sistemas de prevención”, añade.
En el informe se emiten una serie de recomendaciones que, de implementarse, podrían ayudar a reducir los riesgos de que se repita un hecho similar como el del 25 de septiembre.
Inicialmente se pide establecer un sistema de monitoreo y alerta temprana, generar una estrategia de comunicación y educación ambiental en la sociedad, y realizar obras de infraestructura para la prevención.
También se sugiere tener acciones de conservación y restauración de los ecosistemas, planificar y regular el uso de suelo, controlar la erosión y generar un modelo de coordinación interinstitucional. Lauro Rodríguez
jl/I