Un registro que sirva

El 16 de febrero pasado, con casi tres años de retraso, el gobierno de Jalisco cumplió con la obligación que le marca la ley de personas desaparecidas y finalmente publicó el Registro Estatal de Personas Desaparecidas. El retraso parecía una oportunidad que la autoridad aprovecharía para hacer un trabajo que le permitiera reivindicarse con esta agenda. Sin embargo, aunque hay algunos avances, la sensación de que su prioridad sigue siendo el manejo de cifras persiste.

Por lo menos así lo demuestran los hallazgos de quienes han dado seguimiento al manejo de la información sobre desaparición de personas desde diferentes ámbitos y que ya hicieron las primeras revisiones del registro.

El anuncio de la publicación se hizo vía redes sociales. Ahí, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez escribió que se busca “con la verdad por delante. Ya está a disposición pública el Registro Estatal de Personas Desaparecidas, una base de datos transparente y confiable que, además de dar números, muestra a cada persona que nos falta”.

En la publicación, el mandatario aseguró que así se muestra “lo que significa cumplir con esta obligación construida durante cinco años de trabajo y con la colaboración entre el gobierno de Jalisco, la fiscalía especializada, la comisión estatal, familias y colectivos de personas desaparecidas”.

Después de esas publicaciones vinieron los análisis de quienes han mantenido un trabajo sobre esta agenda y que vale la pena atender: Jorge Ramírez Plascencia, quien forma parte del Comité Universitario de Análisis en Materia de Personas Desaparecidas de la Universidad de Guadalajara (UdeG); el investigador y especialista en datos Víctor González Romero, ex rector de la UdeG; el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) y los propios colectivos de familias de personas desaparecidas.

A pesar de lo publicado por el gobernador, es evidente que no se trabajó con los colectivos o, por lo menos, no con todos.

En una nota publicada ayer por el periodista Lauro Rodríguez en El Diario NTR Guadalajara, el colectivo Luz de Esperanza, una de las agrupaciones más activas en Jalisco, denunció que al menos dos de sus desaparecidos no están en el apartado de cédulas de búsqueda.

Cepad, que ha hecho un acompañamiento permanente a los colectivos, destacó como una de las inconsistencias más importantes es que la base de datos no se alimente en tiempo real, además de que no se coordina con el registro nacional. Además, también enfatizan que en lugar de usar el concepto de persona desaparecida emplean el de persona no localizada.

González Romero, quien desde el punto de vista estadístico ha llevado también seguimiento a este tema, destacó algunos puntos positivos: es mejor que el anterior registro, el Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición (Sisovid); que se pueden descargar las bases de datos, y que tiene gráficos amigables. Sin embargo, también destaca que la información no se actualiza en tiempo real, que no está homologado con el registro nacional, datos incompletos, entre otros puntos.

Ayer, Jorge Ramírez dio a conocer un análisis interesante, en el que llama la atención al número de localizaciones de casos de larga data, que podría ser más bien una depuración, así como el ingreso de reportes con tiempo de distancia a la desaparición, lo que podría ser que se están ingresando casos que no se incorporaron al Sisovid.

La publicación del registro estatal es un paso importante, pero su veracidad dependerá de que el gobierno del estado acepte los cuestionamientos y permita que se hagan las correcciones. De lo contrario, será un insumo más de los que se han creado y que no han cambiado la tragedia de desapariciones que vive la entidad.

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