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Fallan en inclusión en servicio público

34. La Secretaría de la Hacienda Pública es la dependencia estatal que emplea a más personas con una discapacidad. (Foto: Michelle Vázquez)

La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) emitió un boletín especial en el que señala la falta de estrategias para garantizar la inclusión de personas con discapacidad en el servicio público dentro del gobierno de Jalisco a pesar de la existencia de una recomendación desde 2018.

A la par de evidenciar los pendientes hacia estas personas en el gobierno estatal, la defensoría aportó datos sobre ellas.

En total hay 187 con una discapacidad laborando en distintas dependencias del gobierno de Jalisco. De ellas, 101 son hombres, 85 mujeres y la persona restante es no binaria. La Secretaría de la Hacienda Pública (SHP) es la que tiene más personas con una condición discapacitante en su plantilla laboral al contar con 34.

En relación al tipo de discapacidad, la defensoría encontró que 127 de las personas presentan una física, es decir, el 68 por ciento del total, mientras que 44 trabajadores tienen una discapacidad sensorial. Otros 12 presentan una de tipo psicosocial y dos tienen una múltiple.

En total, 18 dependencias notificaron tener contratadas a personas con discapacidad en alguna de sus áreas, lo que fue reconocido como un avance; sin embargo, la CEDHJ hizo hincapié en la falta de estrategias para impulsar más contrataciones.

De hecho, encontró que en la Fiscalía del Estado (FE) y en las secretarías de Salud Jalisco (SSJ), Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), General de Gobierno (SGG) y Planeación y Participación Ciudadana (SPPC) ni siquiera se contestó a una pregunta abierta para conocer las estrategias con las que cuentan para reclutar a personas con alguna discapacidad.

Entre las dependencias que sí respondieron lo más frecuente fue decir que adecuaron sus instalaciones para que sean accesibles, así como que en sus procesos de contratación la discapacidad no figura como un factor determinante para impedir la selección de una persona candidata.

Aun así la defensoría recalcó que es necesario “que las autoridades estatales destinen los recursos necesarios para fortalecer los programas que promuevan el acceso al empleo de las personas con discapacidad, e implementen estrategias que garanticen su inclusión, permanencia y promoción laboral, tanto en el sector privado como en la administración pública”.

También señaló que es necesario mejorar la adaptabilidad y accesibilidad de los espacios y enfocar políticas públicas con perspectiva de género y que integren a diversos grupos etarios.

GR-jl/I