Polución, sin cesar tras muerte de Miguel

Hace 17 años falleció Miguel Ángel López Rocha, de 8 años, tras caer accidentalmente a las aguas del río Santiago en El Salto. Para recordar su caso y la impunidad que lo envuelve, organizaciones y colectivos señalaron que las muertes relacionadas a enfermedades renales y cáncer causadas por la contaminación del afluente persisten… y van en aumento.

“Han pasado 17 años y a la fecha tan solo en un municipio, en El Salto, han enfermado más de 4 mil 146 personas y han fallecido, tan solo en un municipio, de lo que han podido documentar las organizaciones comunitarias, alrededor de 2 mil 842 personas”, expuso la directora del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec), María González Valencia, en rueda de prensa.

Por su parte, el presidente del Comité Ciudadano de Defensa Ambiental de El Salto, Raúl Muñoz Delgadillo, precisó que sólo en 2024 se registró un total de 168 personas fallecidas y 97 casos de insuficiencia renal en el municipio.

“El año pasado el 2024 ha sido el año más alto de víctimas dentro de los 17 años. Nunca habíamos rebasado la cifra de 150 y ahora son 168 personas. También encontramos 37 casos nuevos de cáncer”, agregó.

Ambos apuntaron que las muertes están relacionadas con la contaminación del Santiago y la devastación socioambiental del territorio del Lago de Chapala, problemáticas que atribuyeron a la expansión de las industrias, los desechos urbanos y las actividades extractivistas nocivas, y la ausencia de la regulación y medidas eficaces por parte de las autoridades federales y estatales.

“Hacemos mención a los 7 mil 333 millones de pesos que invirtió el gobierno estatal en la pasada administración con el proyecto Revivamos el Río Santiago, que finalmente dejó todo a deber. Por un lado, la justicia ambiental y la reparación integral de los daños a la población afectada nunca llegó, pues nunca se establecieron sanciones firmes contra las empresas responsables de la contaminación y se perpetuó la impunidad”, expresó González Valencia.

Debido a que el gobierno federal prevé próximamente implementar acciones de saneamiento en la cuenca Lerma-Santiago, las y los activistas exigieron que se consulte a comunidades afectadas, colectivos, organizaciones y especialistas para la presentación de propuestas de atención integral; un proyecto de saneamiento que incorpore un enfoque de derechos humanos, y un control de agentes tóxicos y cancerígenos 

También exigieron atención a las enfermedades de las personas y comunidades afectadas; la revisión crítica de los marcos regulatorios en materia de agroquímicos, asbestos, contaminación de agua, aire y suelos, así como un freno a las importaciones de residuos tóxicos o nuevas inversiones en zonas de emergencia sanitaria y ambiental.

CRITICAN UNIDAD DE HEMODIÁLISIS

Muñoz Delgadillo hizo múltiples críticas a la unidad de hemodiálisis ubicada dentro del Hospital Comunitario del Salto, la cual fue inaugurada en julio de 2024 con el objetivo de atender a pacientes con enfermedades renales y otras relacionadas a la contaminación del Santiago.

“Esa clínica de hemodiálisis se encuentra precisamente en la delegación de San José del Castillo. Es una burla porque no asiste nadie, porque no tienen los suficientes insumos para poder atender con el servicio de hemodiálisis a la población. Entonces fue un simple desvío de recursos, un elefante blanco ahí sin uso y de verdad es una burla porque pueden venir y está vacía, no hay nada de equipo, no hay nada, nomás es el edificio y es todo. A nadie se atiende ahí”, explicó.

Exigen nueva ley de aguas nacionales 

Desde el Comité Ciudadano de Defensa Ambiental de El Salto, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec), Saneamiento Integral del Río Santiago, el Instituto Vida y la Unión de Pueblos y Organizaciones de Jalisco por el Agua se exigió la derogación de la actual Ley de Aguas Nacionales y la generación de una nueva que garantice el más alto grado de cumplimiento del derecho humano al agua y al saneamiento.

“La ley de aguas nacionales es una ley privatizadora, una ley neoliberal y es la ley que ha beneficiado con el sistema de concesiones a la industria para su acaparamiento y contaminación del agua”, precisó la directora del Imdec, María González Valencia.

Las agrupaciones expresaron a la par su preocupación sobre la consulta que promueve la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para generar una nueva legislación en la materia, pues podría beneficiar nuevamente al sector empresarial del país. Nancy Ángel 

jl/I