Paradojas de la revocación

El 20 de diciembre de 2019 se introdujo en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) la figura de revocación de mandato. La reforma fue aprobada por la mayoría calificada del Congreso de la Unión (y al menos 17 congresos locales). Dicha enmienda establece que “el Instituto (INE) y los organismos locales… promoverán la participación ciudadana y serán la única instancia a cargo de la difusión de los mismos” y que durante el tiempo que comprende el proceso… desde la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno”.

En su momento, tanto la reforma constitucional como la ley respectiva (decretada el 14 de septiembre de 2021) fueron aprobadas por los congresistas del Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Atrás quedó la discusión de que si es revocación o ratificación; que la pregunta estaba bien redactada o confundía a los electores; que si el presupuesto para llevarla a cabo era suficiente o no; o que si los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) merecían la cárcel por “posponer” algunas actividades para su preparación.

Una vez publicada la convocatoria por parte del INE (7 de febrero), lo que sigue es la promoción del proceso de revocación y las actividades propias de su organización. Con el pretexto de que el presidente López Obrador es atacado por “grupos económicos que perdieron privilegios y que se oponen a una reforma eléctrica”, el 13 de febrero los 18 gobernadores de Morena publicaron un desplegado donde, no sólo ensalzaron la figura presidencial, sino que enumeraron los logros de su gobierno.

A su vez, los senadores de ese partido externaron, en un comunicado, su apoyo incondicional al presidente afirmando que él “encarna a la nación, a la patria y al pueblo”, en tono con el desplegado de los gobernadores, pero mucho más lisonjero. Lo más deplorable fue acusar a los opositores como “traidores de la patria” (por cierto, acusación que usó Daniel Ortega en Nicaragua para deshacerse de sus opositores).

El 18 de febrero la Comisión de Quejas y Denuncias del INE emitió medidas cautelares para que, con base en el precepto constitucional que prohíbe la difusión de propaganda gubernamental, se eliminaran ambas publicaciones y reconvino al presidente dejar de hablar de los logros de su gobierno. De inmediato, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, respondió que le pueden ordenar borrar un tuit, pero lo que no la harán renunciar a sus convicciones (¿estar por encima de la Constitución o su apoyo a AMLO?). A su vez, el presidente de la Cámara de Diputados pidió al INE dejar de hostigar a los diputados de Morena dado que la acción de informar “es una competencia constitucional del legislativo” y que “no puede ser vulnerada por el INE”.

Lo paradójico (o surreal) es que esos mismo diputados y senadores votaron a favor de la reforma constitucional que los obliga a no realizar propaganda gubernamental (“de cualquier orden de gobierno”) y ahora culpan al INE de extralimitarse en sus atribuciones (que ellos mismos le otorgaron).

La otra paradoja es que la revocación es un derecho de la ciudadanía, no de partidos o del presidente; es un ejercicio tan serio que, si se cumplen los supuestos, el presidente deberá dejar su cargo; o sea, es como la des-elección del presidente. El ejercicio se está manejando como una campaña electoral para “ratificar” al presidente. Sería bueno saber quiénes financian las organizaciones involucradas en esta campaña.

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