Silenciar la realidad

“No ha pasado nada”, “son mentiras o ataques infundados”, son “chismes de redes sociales”, no hay denuncia entonces no ha pasado nada o hay relaciones con “otro tipo de agendas que no conocemos”. Estas reacciones públicas del gobierno de Jalisco han sido muy comunes ante la denuncia pública de las violaciones a los derechos humanos o del incremento de inseguridad en la entidad.

En las últimas semanas, esta negación de la realidad en lo particular se ha trasladado a la situación en los centros penitenciarios, generando los discursos oficiales para disimular que los reclusorios en Jalisco no son espacios de autogobierno, deshumanización y de violencia, aunque desde hace décadas se ha sabido de su existencia.

Sin embargo, contrario a la narrativa que se ha construido de manera oficial, a través de los relatos de las personas que se encuentran privadas de su libertad, sus familiares o de quienes laboran en las cárceles, así como a los informes y recomendaciones de los organismos públicos de derechos humanos, sabemos que el hacinamiento, la existencia de los poderes fácticos que dominan estos lugares, la corrupción estructural, así como las agresiones, violencia sexual, riñas, tortura y tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, han persistido de manera sistemática, con no sólo la omisión, sino a raíz de la aquiescencia y apoyo del Estado para mantener esta situación.

Un reflejo de lo anterior son los hechos de violencia sexual en contra de al menos tres mujeres custodias que laboran en la Comisaría de Sentenciados que fueron denunciados públicamente en semanas pasadas. A pesar de la gravedad de lo ocurrido, el gobernador del estado y el titular de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social se han enfocado más en desestimar y deslegitimar estos sucesos, que en investigar los hechos que pudieran constituir delitos y violaciones a los derechos humanos. Negaron los hechos por la falta de denuncia ante la Fiscalía, sin considerar los riesgos que implica llevar a cabo esta acción ante la ausencia de independencia en el sistema de procuración de justicia en la entidad y la falta de medidas que garanticen la seguridad para las víctimas.

Además, cuando una mujer es víctima de algún tipo de violencia, particularmente la sexual, está sujeta a prejuicios y revictimización. Incluso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reafirmado que “las agresiones sexuales corresponden a un tipo de delito que la víctima no suele denunciar por el estigma que dicha denuncia conlleva”.

Experiencias previas han demostrado que no solamente no se protege a quienes se atreven a denunciar lo que ocurre dentro de los centros penitenciarios, sino que además son víctimas de represalias por hacerlo, tal como sucedió con las custodias que denunciaron los traslados irregulares y masivos de hasta 80 mujeres del reclusorio femenil a los centros varoniles en 2020 que derivó en la emisión de la recomendación 143/2021 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ).

Para los centros penitenciarios no existen verdaderos mecanismos de rendición de cuentas, menos para alcanzar la justicia y la verdad. Tan sólo basta recordar que, a casi tres años de haber ocurrido la riña en el mismo lugar donde ocho personas perdieron la vida y ocho más resultaron heridas, no se ha esclarecido lo sucedido y se desconoce si se responsabilizó a las autoridades que permitieron el ingreso de armas de fuego al lugar.

La deslegitimación estatal, el encubrimiento y la ausencia de mecanismos efectivos y seguros de denuncia han generado el clima perfecto para que los centros penitenciarios se conviertan en espacios de muerte, violencia e impunidad. Próximamente se realizará la comparecencia de los titulares de las instituciones de seguridad pública y penitenciaria en el Congreso del Estado de Jalisco. Ojalá el Legislativo, con la seriedad y responsabilidad que la gravedad de la situación amerita, contribuya a que los hechos se investiguen de manera independiente, pero que también se reconozca y atienda la maquinaria de irregularidades en Puente Grande que por años han sido negadas y silenciadas.

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