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Jalisco
Rectora
La inexistencia de un plan de persecución penal, la ausencia de una política criminológica, el arraigo y captura de territorio por la delincuencia organizada, son solo algunos de los factores que ubicaron a Jalisco en los primeros lugares en delitos como personas desaparecidas, feminicidios, extorsión, violencia familiar, fraudes y fenómenos como fosas clandestinas y desplazamientos forzados; esto, a pesar de la insistencia del gobernador Enrique Alfaro de la disminución de la incidencia delictiva y de minimizar eventos de inseguridad de alto impacto ocurridos tanto en la zona metropolitana como en el interior del estado.
El discurso recurrente y sistemático del actual gobernador tiene implicaciones que pueden pasar inadvertidas, tales como legitimar la comisión de delitos, la impunidad y el embellecimiento del delito; esto significa, entre otras cosas, un Jalisco de apariencias que enmascara al delito. La intención es que el discurso baje a la base social y que tenga influencia positiva en la percepción de seguridad y en el plano económico.
La forma institucional de comunicar es a través de las redes sociales, con videos donde el protagonista es el Ejecutivo estatal; el delito es presentado de manera heroica bajo la premisa de “todo está bien”; la delincuencia es vista desde el privilegio y del poder de manera reduccionista, ocultando la manifestación del fenómeno delictivo, y el modo en que se comete, dejando así invisibles las intenciones y medios relacionados con el delito, los actores y las víctimas. Ante ello lo preocupante es la ceguera y la omisión de atender e intervenir el delito desde una perspectiva inter y transdisciplinaria.
La intención es esconder la complejidad de la construcción y condiciones del delito, el principal argumento de Alfaro es la debilidad del tejido social, lo que resulta un enfoque general y ambiguo que de alguna manera imposibilita idear intervenciones específicas de control del delito.
Ante este contexto Pablo Lemus no debe caer en la tentación del embellecimiento del delito, la inacción y la normalización de la violencia. Existe una agenda urgente en materia de seguridad; el diagnóstico es claro, son los delitos de alto impacto lo que hoy más laceran a las y los jaliscienses, por ello debe apostar a un modelo de seguridad ciudadana que incluya mejorar la justicia procedimental y con ello generar círculos virtuosos de legitimidad, confianza y efectividad, mediante procesos justos y respetuosos; fortalecer los procesos de profesionalización y especialización del personal de las instituciones de seguridad y justicia; contar con un sistema de información transparente, que facilite la comunicación entre las instituciones y la sociedad civil que promueva la corresponsabilidad en la seguridad; incorporar herramientas tecnológicas que permitan incrementar la capacidad de respuesta técnica, táctica y operativa; fortalecer espacios de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, intercambiando información confiable a través de un sistema innovador que genere insumos para la toma cualificada de decisiones de política pública transversal e interseccional, que considere el impacto diferenciado de la inseguridad en la niñez y las mujeres, así como colocar a la ciudadanía en el centro, lo que implicará el fortalecimiento de la legitimidad institucional policial.
*Doctora en Derecho
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GR