Las letras chiquitas de la reforma judicial local

Antes del 15 de marzo, los diputados locales deberán acordar la reforma judicial en Jalisco para cumplir con el mandato federal aprobado en 2024. La realidad es que no hay condiciones para votar por jueces y magistrados este año, pero nadie duda de que Morena y sus aliados reclamarán su derecho a la pataleta.

Basta con revisar el caso de Nayarit, que, aunque aprobó realizar elecciones este año, el Instituto Nacional Electoral le pidió posponerlas por falta de tiempo. En Jalisco, la falta de consenso entre fuerzas políticas amenaza con entrampar la reforma. Al ser constitucional, requiere el aval de dos terceras partes del pleno y la mayoría de los cabildos.

Hasta la Comisión de Puntos Constitucionales, presidida por la morenista Norma López, han llegado siete iniciativas. Tres de ellas provienen del partido en el poder: Movimiento Ciudadano presentó su propuesta como grupo parlamentario, además del gobernador Pablo Lemus Navarro y el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, José Luis Álvarez Pulido. Hay otras iniciativas que reflejan la diversidad de visiones: PRI, PAN, Hagamos; y Morena y sus aliados, tienen su propia iniciativa.

No es poca cosa lo que está en juego: en las iniciativas se propone la creación del órgano de administración judicial, encargado del presupuesto y la gestión de recursos del Poder Judicial. También se establece un tribunal de disciplina judicial, responsable de la vigilancia y sanción de jueces y magistrados. Estas figuras cambiarían la estructura judicial en Jalisco y abrirían el debate sobre su independencia y autonomía.

Desde hace dos años, el Poder Judicial en Jalisco tiene el 2 por ciento del presupuesto constitucional, lo que equivale a unos 4 mil millones de pesos para 2025. No es una cantidad menor, y su control es un punto clave en la negociación política.

Con Enrique Alfaro en Madrid y una disputa interna por el control de Movimiento Ciudadano, Morena y sus aliados buscan incidir en el Poder Judicial.

El órgano técnico de la Comisión de Puntos Constitucionales debe elaborar un dictamen que considere las siete iniciativas. Pero hay letras chiquitas irrenunciables para los partidos. Morena quiere que la tómbola sea el método de selección de candidatas y candidatos, promoviendo igualdad de oportunidades. Movimiento Ciudadano propone requisitos que perpetúen a la clase judicial, como cinco años de experiencia en el cargo.

Otro punto de fricción es la conformación de los comités de evaluación. Morena busca replicar el modelo federal con tres comités, uno por cada poder del Estado, para revisar idoneidad y requisitos. Movimiento Ciudadano prefiere un comité de “notables juristas” que realicen evaluaciones previas y establezcan etapas del proceso. La diferencia radica en el nivel de influencia política que cada modelo permitiría. ¿Cuates y cuotas?

Además, Movimiento Ciudadano busca adelantar el nombramiento de cinco magistrados que se darían, originalmente, entre 2025 y 2027. Con eso, los magistrados evitarían la futura evaluación. Esta maniobra le permitiría colocar perfiles afines antes de posibles cambios en la correlación de fuerzas en el Congreso del Estado.

Esta reforma no solo es técnica y administrativa, sino profundamente política. Definir quién elige a jueces y magistrados, bajo qué criterios y con qué garantías de independencia es una cuestión central en cualquier democracia. En Jalisco, el debate está marcado por intereses partidistas, lo que podría generar un sistema judicial debilitado y sujeto a presiones externas.

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