Asignaciones directas, opacidad y ocurrencias

Hay tres características que debe tener una obra para considerar que se llevó a cabo de manera correcta: la planeación, la transparencia y, si el monto que se va a invertir así lo requiere, la licitación. Aunque en nuestro país sabemos que eso no garantiza que no haya corrupción, por lo menos se establecen condiciones para que las anomalías se reduzcan.

En las obras más importantes realizadas en la administración anterior y lo que va de esta, esas características han sido omitidas. Las obras no tienen proyectos ejecutivos o, por lo menos, no al comienzo de las mismas, como marca la ley; se fraccionan para evitar la licitación y se publican fichas con los datos en la mayoría, en lugar de transparentar el proceso completo.

La planeación no solamente permite determinar cuáles son las características que se requieren en una obra, sino que además tiene un impacto directo en el costo de la misma.

Un ejemplo del impacto que tiene la falta de planeación es lo que ocurre con la línea 4 de Tren Ligero, que este mes cumplirá un año de retraso en la entrega. El gobierno anterior apostó por este proyecto, financiado con inversión público-privada. En los primeros convenios modificatorios al contrato se puede confirmar que se solicitaron por parte de la empresa que la construye nuevos plazos para entregar el proyecto ejecutivo el cual, según la ley, debe estar listo antes de que siquiera empiecen las obras.

A la fecha, se desconoce cuánto costará realmente la línea 4 y, aunque el gobernador ha asegurado que este mismo año comenzará a funcionar, la realidad es que todavía no hay certeza, porque se habla de que se requiere la construcción de al menos dos puentes vehiculares, que tendrían que ser financiados por Ferrocarriles de México.

En cuanto a las obras fraccionadas, es cierto que permite agilizar los procesos, pero por los montos que se invierten en algunas de estas se pierde la oportunidad de tener mayor control sobre la calidad de la misma y, sobre todo, de evitar la corrupción. Además, la dispersión de recursos a cientos de empresas en un mismo proyecto dificulta la revisión y, seguramente, la fiscalización.

En la administración pasada hubo dos obras importantes en las que la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública apostó por fraccionar los contratos: el cambio del Museo Trompo Mágico a Japi y el Peribús. En ambas, decenas de empresas fueron designadas por separado para realizar una parte de una obra, ya sea en fases o etapas. De esta forma, es complicado conocer si el monto pagado corresponde a la obra que se realizó.

Además, está la opacidad. En lugar de publicar los documentos que la ley de la materia obliga en cada obra, solo se da a conocer una ficha con los datos, lo que dificulta la revisión y además impide acceder a la información sobre los procesos de asignación que se siguieron. Hay obras, por ejemplo, que tienen como único documento una fotografía de una máquina y un par de trabajadores al lado.

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