La violencia de la austeridad

Por decreto presidencial, a partir del 1 de enero de 2022 el Instituto para el Bienestar Social (Indesol) –se argumentó que “entregaba dinero a asociaciones civiles” y no a los pobres– desapareció. Las funciones de Indesol eran “fomento; capacitación y formación; investigación; documentación, divulgación y comunicación; vinculación; asesoría y orientación; información y rendición de cuentas; promoción de la cultura de género”. En ninguno de sus objetivos estaba combatir la pobreza. 

Su desaparición se inscribe en las acciones de la política de austeridad promovida desde la campaña electoral de Morena e implementada en el gobierno actual. La intención de esta política es esencialmente el ahorro presupuestal a partir de combatir la corrupción y reducir el gasto corriente (austeridad republicana). Los ahorros se destinarían a los programas sociales implementados por el gobierno de la 4T. El razonamiento detrás de estas acciones es que, al inyectar recursos directos a la población vulnerable, se fomentaría el consumo y con ello el crecimiento económico. 

Con la idea de que toda acción durante el supuesto período neoliberal fue corrupta y deficiente, varios programas sociales e instituciones han sido desaparecidos de la faz del gobierno federal. Algunos que habían sobrevivido varios sexenios (Prospera) y que los diferentes gobiernos habían ajustado a su idiosincrasia –salvo el de apoyo a los adultos mayores– fueron sustituidos por unos y creados otros: Becas Benito Juárez, Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, entre otros. 

Por otro lado, el Programa Sectorial de Economía 2020-2024 ha tenido reducciones sensibles en apoyos financieros. De acuerdo con un documento de la Cámara de Diputados (Evolución de los recursos aprobados al Ramo 10 “Economía”, 2016-2021), ha habido una reducción promedio anual de 18.5 por ciento en términos reales. El documento concluye que “en la práctica el papel del Estado como promotor del desarrollo económico a través de la competitividad, la innovación e impulso a las Mipymes, no es una prioridad” (algunos de los programas en este rubro fueron descartados cuando se eliminaron los fideicomisos). Lo “ahorrado” en este sector se ha inyectado a programas sociales implementados por la 4T. 

Las políticas de austeridad generalmente conducen a resultados adversos a los objetivos pretendidos. Las secuelas ya están a la vista con el aumento de la pobreza (de 49.9 por ciento en 2018 se pasó a 52.8 en 2020, en espera del dato de 2021). El título de esta colaboración lo tomé del libro coordinado por Vickie Cooper y David Whyte, quienes afirman que “las personas más afectadas por los recortes de austeridad no sólo luchan por la presión financiera, sino que se están enfermando física y emocionalmente, y muchas están muriendo… Los dolores físicos y emocionales de la austeridad son reales y los efectos son violentos. La gente está fatigada, estresada, deprimida y enferma”. 

Inclinar la balanza entre programas sociales y estímulo al desarrollo económico a un solo lado es un sinsentido: si el razonamiento es fomentar la actividad económica aumentando el poder adquisitivo de algunos sectores de la población a partir de trasferencias monetarias directas sin estimular el sector productivo, a la larga tendrá efectos perniciosos para el desarrollo económico del país. Buscar la eficiencia gubernamental como objetivo es obligado, pero apoyarse en la política de austeridad para destinar esos ahorros exclusivamente en programas sociales es arriesgar el futuro económico del país. 

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