Roe contra Alito

El pasado 15 de abril se celebró en la Ciudad de México (CM) el 15.° aniversario de la despenalización del aborto. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud de la CM, de mayo de 2007 al 31 de marzo de este año se ha practicado un total de 247 mil 410 interrupciones legales de embarazo, de forma “segura, de calidad, confidencial y gratuita”. En efecto, en todo este tiempo no se ha reportado ninguna muerte por realizar este procedimiento. 

Sin embargo, el panorama del resto del país no es muy halagador para una mujer que desee interrumpir un embarazo: en la mayoría de las entidades federativas el aborto sigue considerándose como delito, no obstante que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró, en septiembre de 2021, que penalizar el aborto es inconstitucional. Ahora los estados deben armonizar sus constituciones y códigos penales de acuerdo con esta resolución. Sin duda un tema muy controversial y la discusión continúa. 

En la actualidad, algo similar ocurre en los Estados Unidos de América (EUA). En 1973, la Corte Suprema (CSEU) de ese país resolvió reconocer la libertad de la mujer para abortar, aunque desde entonces esta decisión ha sido constantemente cuestionada. A partir de entonces, muchos estados decidieron relajar la legislación al respecto, con la cual se han practicado, desde 1973, unos 62 millones de abortos legales. No obstante, nuevos aires en torno al controversial tema soplan en el país del norte. 

El famoso caso de Roe v. Wade (1973) tiene su origen en la revisión de una ley de Texas que prohibía el aborto a menos que la vida de la madre estuviera en peligro. Se argumentaba que un feto es una persona y, por ello, estaba protegido por la cláusula del debido proceso de la 14.° enmienda. El argumento del juez Harry Blackmun aceptaba que, para algunas religiones o prescripciones morales, un feto puede ser una vida, pero por mayoría de la CSEU se concluyó que no lo era en un sentido constitucional; que esa enmienda “es lo suficientemente amplia como para abarcar la decisión de una mujer de interrumpir o no su embarazo”. Quien más se opuso a este Roe v. Wade fue el juez conservador William Rehnquist (1924-2005). Consideraba que el aborto no estaba dentro de la dimensión constitucional, argumentando que debería ser resuelto por el pueblo y sus representantes electos. 

En días pasados, el portal Politico publicó el proyecto de resolución de la CSEU del juez conservador, Samuel Alito (nada que ver con nuestro homónimo político priísta). El primer borrador (https://n9.cl/b47yr) –un documento de 98 páginas, con 118 notas al pie– en definitiva concluye que “… sostenemos que la Constitución no confiere el derecho al aborto. Roe y Casey deben ser anulados, y la autoridad para regular el aborto debe devolverse al pueblo y sus representantes electos” (concluyendo como lo hizo Rehnquist). 

De aprobarse la propuesta del juez Alito (que parece inevitable), la decisión de legislar sobre el aborto no solo se regresará a los estados, también se focalizará la discusión en torno a cuestiones morales o religiosos, ya no de derechos constitucionales; es decir, la decisión de la mujer a abortar ya no será una determinación desde el ámbito de su libertad individual; ahora será una decisión del Estado apoyada en criterios populares decretados por sus legisladores. 

Exabrupto 

El tercer informe de Det Norske Veritas (DNV) del colapso de la línea 12 del Metro en CDMX fue tan mal recibido que la empresa noruega será demanda. Parece que no gustaron las implicaciones (por cierto, veritas significa verdad en latín). 

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