Cien mil personas desaparecidas

De acuerdo con los datos oficiales del registro nacional que contabiliza la desaparición de personas desde el ámbito federal, México tendría más de 100 mil personas desaparecidas y no localizadas al momento actual. Hay estados donde el problema es particularmente grave: Jalisco es la entidad número uno en personas desaparecidas y no localizadas, con 14 mil 952, seguido por Tamaulipas, 11 mil 983, y Estado de México, 11 mil 052; esas tres entidades reúnen en su conjunto 38 por ciento de las desapariciones de todo el país. 

Esta tragedia nacional se agudizó a partir de 2006 con la estrategia fallida en materia de seguridad implementada por Felipe Calderón y continuada por Enrique Peña Nieto; las violaciones a derechos humanos durante las administraciones de 2006 a 2018 fueron permanentes y en el caso de las personas desaparecidas hubo una negativa para reconocer la dimensión de la problemática y el discurso institucional desarrolló una narrativa de criminalización para las víctimas. 

La desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa (2014) hizo visible en el entorno nacional e internacional el grave problema de la desaparición forzada en México, pero antes de esa fecha ya existían colectivos organizados en el país que demandaban la búsqueda de las y los desaparecidos. La lucha de las familias ha sido ardua, no sólo buscando en vida y en fosas clandestinas, sino aportando esfuerzos para crear una legislación nacional sobre desapariciones e impulsar los mecanismos institucionales necesarios para las búsquedas. 

Desde 2018 se creó una ley general sobre desaparición de personas, derivado de esa ley se aprobó el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y posteriormente un Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (2019) que empezó a funcionar en 2021, se ha creado el Protocolo Homologado para la Búsqueda (2020), el Protocolo Adicional para la Búsqueda de Niñas, Niños y Adolescentes (2021), el Centro Nacional de Identificación Humana (2022) y otros mecanismos especiales como la Comisión para la Verdad en el caso de Ayotzinapa (2019) y una Comisión de Verdad (2021) para el esclarecimiento histórico de violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990. Todo esto no hubiera sido posible sin el impulso de las familias. 

La problemática de las desapariciones se agudiza por el clima de impunidad que prevalece, la mayoría de los delitos de desaparición forzada y cometida por particulares no se judicializan y aquellos que llegan a investigarse no logran establecer elementos para sancionar a los responsables; la falta de presupuesto que se destina desde los gobiernos locales es otra razón por la que las búsquedas no fructifican, sin recursos no hay el personal o la infraestructura necesaria para investigar, buscar y en su caso realizar las identificaciones forenses. En gobiernos como el de Jalisco continúa un discurso que minimiza la problemática y que muchas veces criminaliza a las víctimas o se niega a escuchar a las familias. 

Aunque es un problema complejo y multicausal que se continúa incrementando día con día, un elemento central que puede explicar las desapariciones es la trata de personas, ya sea para explotación sexual (principalmente las mujeres) o trabajo forzado; son jóvenes las personas que desaparecen en México (tanto mujeres como hombres) y se ha incrementado la cantidad de niños, niñas y adolescentes en esa condición. La edad en que hay más mujeres desaparecidas en el país es de 15 a 19 años y en los varones es de 20 a 34 años. 

Los mecanismos aprobados hasta el momento son insuficientes para la dimensión de la problemática, hace falta fortalecerlos y destinar el presupuesto necesario, también se debe pensar urgentemente en un plan integral de prevención que se pueda implementar en todo el país y que las autoridades en todos los niveles de gobierno deban atender. 

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