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¡No!, al aumento
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Es la primera vez que en la historia de México existe la posibilidad de que una mujer sea electa para la Presidencia de la República. En el sistema político mexicano ha sido una ardua batalla que las mujeres tengan cargos de representación popular y en la función pública. Apenas en 1953 se reconoce el derecho de las mujeres a la ciudadanía plena (votar y ser votadas).
En los noventa se introducen en México a modo de recomendaciones acciones afirmativas (cuotas de género) en la legislación electoral para que los partidos incorporaran al menos 30 por ciento de aspirantes mujeres; al ser optativa la decisión, no tuvo un impacto considerable.
La cuota de género se volvió obligatoria, aunque los partidos con mayor presencia electoral entonces (PRI-PAN) encontraron múltiples formas para evadirla. Por ejemplo, registraban en las fórmulas a una mujer propietaria y un hombre como suplente; después, si ganaban, las obligaban a renunciar; también incluían mujeres en las listas de representación proporcional, pero en los lugares en los que no tenía posibilidad de alcanzar un espacio legislativo y proponían a sus candidatas en los distritos electorales en los que tenían menos probabilidad de ganar.
A fuerza de insistir, la ley electoral tuvo que modificarse, hasta llegar a la paridad en todo (2019) y con características de ser transversal (que se registren candidatas en donde sí tiene posibilidad de ganar ese partido), vertical (con fórmulas de mujeres intercaladas en las listas proporcionales) y horizontal para garantizar que haya mujeres a la par que hombres encabezando ayuntamientos o gobiernos de los estados.
Como aspirantes a la Presidencia han participado pocas mujeres. La primera de ellas fue Rosario Ibarra, candidata en 1982 y 1988; su presencia fue con la intención principal de posicionar la agenda de lucha de las madres que denunciaban la desaparición forzada y represión contra sus hijos.
Marcela Lombardo y Cecilia Soto fueron candidatas en 1994; fue la primera vez que dos mujeres contendían de manera simultánea por la Presidencia. Marcela Lombardo tenía como consigna “La Revolución a Palacio Nacional”, realizando una campaña centrada en el debate de las ideas y para denunciar a los gobiernos neoliberales.
En 2006 se postuló Patricia Mercado y, en 2012, Josefina Vázquez Mota, que ganó la elección interna del PAN (que estaba en el poder), aunque ya en la práctica su campaña fue saboteada por sectores de su propia organización.
Presencia importante fue la de María de Jesús Patricio, Marichuy, quien intentó participar como candidata independiente en 2018 representando al Congreso Nacional Indígena.
El 2024 se perfila como la oportunidad de que por primera vez una mujer llegue a la Presidencia del país. En sus respectivos frentes resultaron electas Xóchitl Gálvez (derecha), quien es una mujer proveniente del sector empresarial, y Claudia Sheinbaum (fuerzas progresistas), una académica de larga trayectoria en la lucha social.
Aún sin iniciar la campaña, las preferencias se inclinan hacia Claudia Sheinbaum, quien tendría el desafío de proponer un programa de gobierno que atienda de manera prioritaria rezagos en materia de educación, salud y seguridad, por ejemplo.
La agenda del sector conservador podría representar un riesgo si se pretende avanzar en temas de derechos de la mujer, la diversidad sexual, perspectiva de género y educación con enfoque comunitario.
Es tiempo de mujeres. México necesita una fuerza electoral progresista decidida a avanzar en la transformación del país y dejar atrás las políticas neoliberales que tanto daño provocaron a la nación.
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jl/I