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Guadalajara
Espinoza Licón
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer los resultados del Censo Nacional de Derechos Humanos Estatal y Federal 2023; dicho ejercicio se realiza desde 2017 cada año y tiene como propósito ofrecer información sobre la gestión y desempeño de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de los organismos públicos de derechos humanos de cada entidad federativa.
Después de la Ciudad de México, Jalisco es la entidad de la República con una mayor acumulación de expedientes por hechos presuntamente violatorios de derechos humanos, llegando a 14 mil 837 durante 2022. Dicha cantidad de hechos contrasta con las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), que en 2022 fueron 37 para todo el año, y en 2023 apenas van 23. Una recomendación se emite cuando se ha demostrado en el procedimiento de queja que los servidores públicos señalados han violentado los derechos humanos. Los funcionarios deben responder aceptando la recomendación o fundamentando y motivando la negativa.
En un análisis de las recomendaciones de la CEDHJ de 2018 a 2022 se destacan las relativas a temas de seguridad, el ejercicio indebido de la función pública, abuso de autoridad y negativa de atención integral a víctimas; es reiterado el reclamo por cumplimiento de los derechos a la legalidad, trato digno, seguridad jurídica, seguridad personal, la tortura y lesiones aparecen reiteradamente. Los datos de las recomendaciones de 2022 (37) y 2023 (23) contrastan con 2021, año en que se emitieron 283 recomendaciones sobre violaciones a derechos humanos en agravio de habitantes de Jalisco.
Las quejas y recomendaciones por desaparición de personas son reiteradas y existe una recomendación general de 2018 (CEDHJ: 3/2018) “sobre el derecho a la protección de todas las personas contra la desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, en el estado de Jalisco”. Sobre el contexto general de las desapariciones, dicha recomendación señala que la desaparición de personas presenta un espectro multidimensional que se conforma de diversos factores que pueden y deben identificarse para tener información y estadísticas de su realización y comportamiento y para poder implementar acciones de prevención.
También indica que es innegable que existe una grave crisis debido a las deficiencias estructurales con las que cuenta para enfrentar dicho fenómeno delictivo, que la información y datos estadísticos reflejados en el apartado de antecedentes muestran serias disparidades y evidencian que no existe un procedimiento homologado con parámetros e indicadores similares y que no hay una metodología estandarizada para la captura de datos, registro y presentación pública de esa información; por lo mismo, no es posible considerar cien por ciento confiable la misma.
En la llamada macrorrecomendación sobre desapariciones se reconoce que existen omisiones, irregularidades, deficiencias y aumento notable de la desaparición forzada en nuestro Jalisco, así como una lamentable atención que se ha brindado a las víctimas.
Para el cierre de 2023, la CEDHJ ha declarado que prepara una recomendación “macro” por los casos de desaparición cometida por particulares en agravio de 24 personas dirigida hacia la Fiscalía, Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y autoridades municipales.
Es preocupante que a pesar de los señalamientos y recomendaciones en materia de desaparición de personas y sobre la crisis forense persistan la impunidad, falta de atención a las víctimas y poca respuesta de las autoridades identificadas como responsables de las violaciones. Se requiere de un seguimiento puntual, público y transparente de las recomendaciones formuladas y el avance en su cumplimiento, para que la sociedad sepa con claridad cuáles son las autoridades que no están atendiendo sus obligaciones y violentan los derechos humanos de los jaliscienses.
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jl/I