Política de avestruz

La violencia en nuestro país es tan cotidiana que nos hemos acostumbrado a ver los números difundidos por las autoridades con indiferencia, que nos han dejado entumecidos y parecieran alejados de nuestro entorno habitual. El homicidio de tres personas en el interior de un templo en Cerocahui, Chihuahua: un guía de turistas y dos clérigos, ha caído como balde de agua helada. De haber sido solo el primero nomás se hubiera incorporado a la estadística criminal de este país; sin embargo, hay muertes emblemáticas que sacuden nuestra adormecida comodidad. 

El asesinato de los dos jesuitas, Javier Campos Morales y Joaquín Mora Salazar, no sólo ha sido un escándalo de alcance internacional, sino que ha puesto al descubierto la condición de violencia que anida en nuestro país de modo habitual, al tiempo que evidencia la fallida (o ausente) política de seguridad pública en todos los órdenes de gobierno (en especial el federal). Es posible afirmar que las acciones contra la delincuencia organizada han sido reactivas, no producto de una estrategia preventiva a partir de una inteligencia policial. 

Ahora se sabe que el autor del brutal asesinato tenía orden de aprehensión desde 2018 por el asesinado del joven norteamericano Patrick Braxton Andrew; no obstante, se paseaba por su plaza con toda impunidad. Y a pesar que el ex gobernador de Chihuahua Javier Corral había dicho en noviembre de 2018 “todos vamos a ir por él” tras el homicidio de Braxton, no se ejecutó la orden. 

La Iglesia católica en México tiene una larga historia de enfrentamiento con el crimen organizado. En su informe anual 2021, Situación de la Iglesia católica ante la violencia en México, la Unidad de Investigaciones Especiales del Centro Católico Multimedial (CCM) denuncia que “México sigue siendo un país peligroso para ejercer el sacerdocio”. En los tres últimos sexenios, 50 sacerdotes católicos han sido asesinados, siete de ellos durante el actual gobierno. El informe revela que 80 por ciento de los casos de asesinatos, extorsiones, ataques y robos contra templos católicos no han sido resueltos: “Ni las fiscalías estatales o la Fiscalía General de la República han dado repuestas claras a este fenómeno, por el contrario, las investigaciones son irregulares y con grandes vacíos”. 

Mientras tanto, en las mañaneras López Obrador (AMLO) se justifica y responsabiliza de la violencia al ex presidente Calderón y a García Luna; y además ratifica que, a pesar de las evidencias, no cambiará su política. Sin embargo, a principios de junio, el Servicio de Investigación del Congreso norteamericano hizo público el documento México: organizaciones del crimen organizado y el narcotráfico, donde se afirma que la estrategia de militarizar la Guardia Nacional para combatir las organizaciones de narcotraficantes “no ha debilitado efectivamente a los grupos criminales” y que el gobierno de AMLO “enfrenta algunas denuncias de corrupción de funcionarios públicos, políticos de su partido y miembros de las fuerzas policiales del país relacionadas con organizaciones criminales”. 

La lucha contra el crimen organizado por el gobierno federal ha sido la política del avestruz (“ni los veo ni los oigo”). Pretender que la paz narca se logre solo con que las entidades federativas sean dominadas por un solo grupo criminal es evadir la realidad. El documento del Congreso estadounidense concluye que “tanto el Cártel de Sinaloa como de su principal competidor, el CJNG, tienen la capacidad de mantener un poder significativo a partir de sus redes de soborno y corrupción, con su evidente capacidad de violencia”. 

Twitter: @Ismaelortizbarb

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