Culpables

La reciente tragedia en Celaya, Guanajuato, donde seis jóvenes fueron asesinados, ha causado conmoción. Son actos que, aunque en diferentes circunstancias, se han repetido desde hace décadas, como el asesinato de dos estudiantes del Tec de Monterrey en Nuevo León, en 2010, a manos del Ejército o la reciente desaparición, en agosto, de cinco jóvenes en Lagos de Moreno, de quienes aún no se sabe el paradero.

Fue el fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa, quien proporcionó detalles sobre el secuestro y asesinato de los muchachos, y fue él mismo quien descartó los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien vinculó el crimen al consumo de drogas. Las víctimas, dijo en su momento Zamarripa, eran estudiantes universitarios que no tenían relación aparente con actividades ilícitas.

La versión presidencial a los días del multihomicidio generó controversia al culpar a las víctimas y sugerir una conexión con el consumo de drogas en una zona controlada por otro grupo criminal. Fue Fabiola Mateos, madre de dos de los jóvenes fallecidos, quien esta semana afirmó que los análisis de la Fiscalía demostraron que ninguno de ellos había consumido drogas. Este hecho nos hace hacernos preguntas como quién le informa al presidente sobre casos como este, qué tipo de datos son los que le hacen llegar, obtenidos de dónde, pero por otro lado también refrenda la necesidad urgente de evitar la victimización secundaria de las familias afectadas, aún más desde tribunas tan importantes como la encabezada por el mandatario.

La tragedia en Celaya nos remite de nuevo a la necesidad de no quedarnos casados con los discursos políticos, esos que no pocas veces culpan a los otros, entiéndase por los otros las víctimas, la sociedad, los opositores, los medios…

Por otro lado, la indignación expresada por Fabiola Mateos respecto a las declaraciones del presidente destaca la importancia de un trato respetuoso hacia las víctimas y sus familias.

La mamá de los dos jóvenes asesinados ha exigido, de paso, una disculpa pública del presidente; si pudo acusarlos de estar relacionados con el consumo de drogas desde el espacio de su conferencia matutina, bien pudiera retractarse de sus dichos.

La pérdida de vidas no debería ser utilizada como un argumento para reforzar narrativas estigmatizantes, mucho menos de autoridades que deben garantizar nuestra seguridad, así como el acceso a la justicia una vez que hemos sido víctimas de algún delito. No se necesitan dedos que todavía vuelvan a señalar, a acusar a quienes ya de por sí sufren una tragedia inimaginable.

Es crucial también examinar la responsabilidad del gobierno local y federal en la seguridad de la población. Si bien el fiscal guanajuatense aseguró tener líneas de investigación robustas, la realidad es que casos como este subrayan la necesidad de una mayor coordinación y eficacia en la respuesta a la violencia. Una respuesta más preventiva que reactiva.

El asesinato de jóvenes no es un hecho único, aislado, furtivo. Si hiciéramos un repaso, aunque fuera somero, nos daríamos cuenta de que, desde hace décadas, los jóvenes, ellos y ellas, han sufrido un país violento e inseguro, un México que no les ha permitido ser y que, en muchos casos, les ha arrebatado la vida, quitándoles a ellos y a sus familias cualquier esperanza de un futuro mejor.

Nadie ni nada de lo que se haga o se diga va a regresar a la vida a estas seis víctimas, pero sí se puede garantizar la reparación del daño, empezando por respetar los debidos procesos a los que todos tenemos derecho.

Aun ya fallecidos.

X: @perlavelasco

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