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El abogado de los amparos
Porque nos la quitaron
Para los sociólogos del poder, la batalla electoral de 2024 no es entre dos candidatas y un candidato, sino que es una batalla política entre la sociedad civil más evolucionada políticamente, contra grupos políticos vinculados al más antiguo PRI, aliado a una izquierda, que siempre ha anhelado establecer un gobierno de corte “nacionalista” en México, y que hoy tienen una gran oportunidad de lograrlo.
La sociedad civil mexicana, entre 1988 y 2000, jugó un papel importante y fundamental en el proceso de construcción de la moderna democracia mexicana. Está integrada por todos aquellos miembros de la sociedad que son participativos, entre ellos están los académicos y los intelectuales, los mediáticos y los comunicacionales, los empresariales e industriales, los sociales y los religiosos.
Sin embargo, el fracaso social de los gobiernos de Fox, Calderón y Peña Nieto se debió a que nunca supieron acompañar sus proyectos modernizadores con programas de desarrollo social que incluyera a los más pobres.
Haciendo un recuento de la situación actual de la sociedad civil, los sociólogos y analistas del Observatorio de la Conferencia Episcopal Mexicana encuentran que la fortaleza de la sociedad civil en México se ha posicionado en las áreas urbanas, y en el ámbito femenino que está más preparado y decidido.
Esta sociedad civil tiene como fortaleza una gran capacidad para reinventarse, como lo hacen las organizaciones empresariales, académicas y eclesiales. Otra fortaleza es la creación de contenidos independientes a través de las redes sociales y la tecnología.
Sin embargo, la mayor debilidad de la sociedad civil está en su estructura social, pues la mitad de la población está en pobreza y en pobreza extrema. La segunda mayor debilidad está en la estructura económica y en el empleo: hay 21 millones de mexicanos con empleo formal y 32 millones en el sector informal.
La tercer gran debilidad de la sociedad civil en México está en la estructura política, pues no tiene la fuerza política suficiente para impactar con leyes e instituciones a la gran corrupción de la clase política, pues corrompe y destruye instituciones democráticas, como la autonomía del Congreso, de la Suprema Corte, así como de los órganos autónomos del Estado, como el INE, CNDH, Inai, etc.
El gobierno en el poder federal ha hecho cuanto le ha sido posible para acabar con la acción de la sociedad civil mexicana. La llamó, desde los inicios de su gestión, como un grupo “corrupto”, parte de la “mafia en el poder”, y lo más contundente fue expresar que “nunca ha confiado en la sociedad civil”. En la lógica gubernamental, sólo el Ejecutivo federal puede ayudar a los más necesitados e integrarlos al progreso y desarrollo.
El observatorio concluye: “Paradójicamente, el proceso que debería ser de consolidación de la democracia, en los últimos años está resultando de destrucción de la misma democracia, pues la más antigua clase política de México, apoyándose justamente en los pobres que la misma clase política creó en las grandes crisis de los años 70 a 90”.
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