México: la disputa por la información

La información relevante para los pueblos está vinculada al ejercicio del poder. Las cúpulas de cualquier tipo históricamente tienden a ocultarla, controlarla y manipularla. La esconden para esconderse del escrutinio público. Ponen obstáculos a su acceso y libre circulación, utilizan argumentos legaloides que taponean su acceso y construyen discursos autoritarios para impedir que se ventilen numerosas decisiones de quienes están al frente de instituciones gubernamentales.

Entre más opaco sea un poder, más se confirman las sospechas y las certezas de que oculta hechos oscuros. Donde la vigilancia ciudadana no puede profundizar se encuentran cañerías mal olientes de los sistemas políticos y económicos. Crímenes de Estado, desastres ambientales provocados, multimillonarias componendas ilegales con obras públicas, saqueos escandalosos del erario, entrega de riquezas de la nación, violaciones graves de derechos humanos o delincuentes en cargos públicos integrantes de grupos criminales, son ejemplos de los detritus de sistemas podridos contrarios a los intereses de los pueblos.

La información de interés público, transparente, en cristal, es enemiga de la corrupción. Y es puntal de una auténtica democracia. Posibilita que quienes gobiernan rindan cuentas de su quehacer, que dejen de considerar la información como un patrimonio personal o de un grupo. La transparencia favorece el tan necesario periodismo de investigación, las necesidades de información ciudadana, los datos que requieren académicos, etcétera. Puntualicemos: el acceso a información de interés colectivo es amigo de la justicia y enemigo de la impunidad.

Un auténtico gobierno al servicio del pueblo no tendría por qué restringirle que solicite y reciba información socialmente relevante. En esa lógica los archivos se recopilan, protegen y ponen al servicio de los usuarios. Si un gobierno presume ser del pueblo, sus archivos no son de las élites o de burócratas, que están obligados a proteger los datos personales. Habrá información de seguridad nacional que deba resguardarse, sin duda, sin que se use con criterios elásticos opacos.

Autoridades las hay que presumen informar, con puertas y políticas abiertas. Solo que proporcionan información matizada, incompleta, que interpretan a su conveniencia para asegurar, falsamente, que sus administraciones son ejemplares. Las cúpulas gobernantes son mañosas: se enfocan únicamente en determinados temas, con miradas auto complacientes. Gestionan a cuentagotas la información. Los temas incómodos, donde salen mal evaluados, los esquivan, mienten o descalifican a quien pregunta. Niegan, en sí, el derecho humano a la información. Ejemplos son numerosas conferencias de prensa y dizque informes temáticos, de sexenios anteriores y actuales, sean federal, estatales o municipales.

En ese marco, la iniciativa de reforma constitucional del presidente Andrés Manuel López Obrador que busca eliminar al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) implica retroceder años en esas materias, echar a la basura lo ganado, oscurecer más la transparencia. Es atentar contra derechos humanos. Los débiles argumentos para desaparecer al Inai y los institutos estatales son debatibles. Es ingenuo confiar en la Secretaría de la Función Pública y las contralorías cuando la propia 4T no es un modelo de transparencia y continúa su tendencia a ocultar información. Por eso México requiere órganos garantes autónomos, sólidos, con resoluciones vinculatorias e inatacables. La reforma regresa a ignominiosos periodos de gobiernos del PRI, lo cual es un retroceso.

X: @SergioRenedDios

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