Regular más a empresas encuestadoras

Pasada la euforia de las elecciones del 2 de junio, cuando la atención está puesta en otros temas, los resultados de las encuestas electorales continúan siendo un asunto de interés público. Sobre todo cuando las empresas demoscópicas son cada tres años actoras políticas. Es decir, su cometido formal es medir intenciones del voto o realizar estudios similares, como la aceptación de funcionarios; sin embargo, al ofrecer cortes político electorales basados en supuestos o reales criterios científicos y al utilizarse esos resultados por los candidatos, los partidos políticos, analistas, medios informativos y los propios electores, su papel rebasa el mero conteo y los porcentajes. Difundir cómo están y/o hacia dónde se encaminarían los sufragios no es solo un estudio técnico; es una lectura política de un tiempo preciso que influye en la lucha por el poder en México.

Cualquier información ofrecida como un dato, un porcentaje, una historia, un poema, una escultura, una danza o cualquier otra forma de expresión no es neutral. Porque no es neutral quien emite esa información. Lo hace bajo cierto contexto y condiciones desde personales hasta políticas e ideológicas. Construir y dar a conocer determinadas piezas tiene diversas intenciones para quienes las generan, a lo que se añaden las interpretaciones y usos de quienes las reciben. Es imposible no influir, poco o mucho, cuando se comunica, en este caso, resultados de encuestas electorales. Se influye hasta con las preguntas planteadas a los encuestados, por ejemplo, al poderse manipular intencionalmente.

Si bien las empresas que diseñan y aplican encuestas electorales deben ajustarse a la normatividad prevista en la Constitución Política, en las leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y General en Materia de Delitos Electorales, y en el Reglamento de Elecciones, se necesita regularlas aún más. Exigirles mayor rigor científico en sus, aunque no lo planteen así, predicciones electorales. Porque todas se presentan como las más profesionales, éticas, certeras y confiables. Y no es así.

Aunque el consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE) emite las “reglas, lineamientos y criterios que las personas físicas o morales deberán adoptar para realizar encuestas o sondeos de opinión en el marco de los procesos electorales federales y locales. Los organismos públicos locales realizarán las funciones en esta materia de conformidad con las citadas reglas, lineamientos y criterios”, en los hechos hay empresas confiables, y otras ofrecen estudios que son mercancías ideológicas y al mejor postor.

Un craso ejemplo es Massive Caller, que se presenta como empresa especializada en la realización de consultas de opinión pública a través de encuestas telefónicas automáticas, la cual es acusada de ser una agencia de publicidad disfrazada de casa encuestadora, que daba por ganadora en las elecciones presidenciales a Xóchitl Gálvez, quien con el PAN, PRI y PRD usó la información como parte de su fantasioso discurso triunfalista. Incluso el 2 de junio su encuesta de salida reafirmaba como ganadora a la candidata opositora. Que una encuesta supuestamente científica yerre por más de 30 puntos comete una estafa. Y defender y replicar este tipo de estudios es dañar la democracia electoral. Por ello, urge apretar las tuercas a quienes viven del engaño político con sus encuestas de quinta.

X: @SergioRenedDios

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