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Guadalajara
Espinoza Licón
En los discursos de las campañas electorales y las propuestas de gobierno, una palabra poderosa ha estado ausente o se encuentra marginada. Se trata de la palabra “paz”. Los candidatos han centrado sus propuestas en estrategias para disminuir las violencias a través del refuerzo exclusivo o casi exclusivo de la seguridad pública. Lo que se traduce en más penalidades para tales o cuales delitos, presupuesto más abultado a las tareas de las corporaciones, más policías y mejores armamentos o mayor capacitación a las fuerzas de seguridad, entre otras medidas. Es decir, apuestan a atacar, sobre todo vía la fuerza del Estado, la alarmante inseguridad. Hacerlo solo con este enfoque ha demostrado ser infructuoso. Quienes aspiran a gobernar el país, en los distintos niveles, utilizan una mirada similar a la que sumió al país en mayores violencias.
Donde enfocamos la atención, ponemos nuestra energía. Donde los gobernantes colocan su mirada, destinan presupuesto público. Solo que su mirada tendría que ser más comprometida y amplia, abarcar toda la administración pública, comprender las interrelaciones entre los diversos componentes, vislumbrar el sistema político con una perspectiva completa. La seguridad pública resulta fallida si no está acompañada de estrategias públicas integrales para promover la paz. Esto es, que la política de paz sea transversal al conjunto de lo público, que sea el espíritu que teja los programas, con las instituciones gubernamentales y de la sociedad civil cooperando como resistente malla. Uno de los antídotos contra las violencias es la construcción social de paz. Implica la solución de multitud de problemáticas, como la pobreza, la migración, la corrupción, la educación, las desapariciones, los conflictos laborales, la seguridad pública, los retos ambientales, etcétera, desde miradas que abonen a establecer la paz, en lo individual, grupal o social. Sin paz el presente es sufrimiento y el futuro es desesperanza con mayores penalidades.
De recomendable lectura y análisis es el libro de casi 600 páginas Alternativas hacia la paz con reconciliación, propuestas desde el Sistema Universitario Jesuita. Recién publicado, ofrece “diversas reflexiones de personas de la academia y de algunos programas universitarios del SUJ (Sistema Universitario Jesuita), en torno a las principales problemáticas relacionadas con las violencias y la actual crisis de derechos humanos en México”.
En la presentación, Lorena Giacomán Arratia escribe que los artículos “apuntan a reconocer que estamos frente a un fenómeno complejo, cuyo origen se remonta a razones históricas, con una multiplicidad de factores y actores (autoridades, delincuencia organizada...), que traspasa de manera especial a los grupos poblacionales (con particulares desventajas para las mujeres, las infancias, los pueblos originarios, las y los migrantes, las y los periodistas, las y los defensores del territorio y las personas de la comunidad LGBTTTIQ+)”. Indica que los textos “reconocen un vínculo entre la pobreza y la desigualdad con la exclusión social y señalan categóricamente que no se puede soslayar, que en tanto no haya justicia social, la construcción de paz no será posible”. Enseguida señala: “Por todo el pueblo de México, hoy es indispensable caminar juntas y juntos, privilegiando el diálogo y las propuestas esperanzadoras”.
Las campañas electorales pudieron ser escaparate para analizar cómo construir la paz en México. No fue así. Salvo la iniciativa que emprende la Iglesia católica.
X: @SergioRenedDios
jl/I