Desde el Comité Ciudadano de Defensa Ambiental de El Salto, del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, Saneamiento Integral del Río Santiago, el Instituto Vida y la Unión de Pueblos y Organizaciones de Jalisco por el Agua exigieron la derogación de la Ley de Aguas Nacionales.
Expresaron su preocupación sobre la Consulta Nacional que promueve la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a través del proyecto denominado “Transformando el Régimen del Agua en México” cuyo foro en Jalisco se llevó a cabo el pasado 11 de febrero.
“(Esta) propone administrar el agua a través de dos leyes, es decir, que la ley de aguas nacionales, que es una ley privatizadora, una ley neoliberal y que es la ley que ha beneficiado con el sistema de concesiones a la industria para su acaparamiento y contaminación del agua, sigue vigente y solamente la quieran reformar y además también quieran emitir la nueva ley general de aguas. Esto es una contradicción, hace 13 años se elevó en México el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento y se mandató al poder legislativo a que emitiera una nueva y única Ley General de Aguas y se derogara la Ley de Aguas Nacionales por lo tanto, no podemos estar en este país ahora regulando institucionalmente y legalmente el agua conviviendo con dos leyes, una que privatiza y otra que supuestamente regula la ley general del agua”, precisó María González, directora del Instituto Mexicano Para El Desarrollo Comunitario AC (Imdec).
Mencionó que esas contradicciones son preocupantes e hicieron un llamado al gobierno federal y al estatal a emitir una sola ley a promulgar una nueva y única ley que garantice el más alto grado de cumplimiento del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento.
“En la nueva administración de la presidenta presenta todo una narrativa y un discurso muy progresista en materia de agua y en materia de medio ambiente pero si analizamos los programas y las propuestas siguen siendo programas que van a beneficiar de manera prioritaria nuevamente al sector empresarial en este país”, mencionó.
También externaron su preocupación en cuanto al Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y a la Sustentabilidad contemplado en el Plan Nacional Hídrico 2024 - 2030: “Solamente hace un llamado a la aportación voluntaria de volúmenes de agua de las empresas y de los distritos de riego. Mientras vivimos en Jalisco y en el país un proceso de desigualdad e inequidad en el acceso al agua potable, por ejemplo, que las empresas tienen que ser reguladas, las empresas no pueden ser llamadas a un acuerdo nacional”, agregó González.
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