Escupir al cielo

El jueves de la semana pasada el Congreso Europeo (CE) envió un comunicado al gobierno de México donde –de forma pormenorizada y cuidando las formas– se analiza la situación de los periodistas y los defensores de los derechos humanos en México. 

El documento enumera 14 considerandos elaborados con información generada por organismos no gubernamentales –como Reporteros Sin Fronteras– y con información del mismo gobierno mexicano. El considerado B expone que “México es desde hace mucho tiempo el lugar más peligroso y mortífero para los periodistas fuera de una zona oficial de guerra” y que (considerando C) “2022 marca el comienzo de año más mortífero para los periodistas en México, con al menos seis periodistas asesinados” (por desgracia, a esto se debe sumar un asesinato más). 

El comunicado está fundamentado en el nuevo Acuerdo Global México-Unión Europea que entró en vigor en 2021. A diferencia del firmado en 2000, que solo contemplaba acuerdos económicos y comerciales, en esta ocasión se incluyó que ambas partes se comprometen a cooperar en temas como el cambio climático, los derechos humanos, la lucha contra la pobreza o el combate a la corrupción. 

También, el 10 de julio de 2020 México y la Unión Europea (UE) efectuaron un diálogo de alto nivel sobre derechos humanos donde las partes condenaron la discriminación, desaprobaron los ataques y manifestaron su apoyo a defensores del estado de derecho, la libertad de expresión y los derechos humanos. 

Claro que resolución de la CE cayó como un balde de agua fría a las autoridades mexicanas que motivó, ipso facto, una respuesta, literalmente escrita sobre las rodillas, dictada por el mismo Andrés Manuel López Obrador (AMLO), junto con su fiel escudero, Jesús Ramírez Cuevas (“y otros compañeros”). A diferencia del comunicado del CE, la carta de AMLO está redactada con un alto contenido de indignación y otro tanto de imprudencia. La misiva llama a los eurodiputados (705 de ellos) “borregos”, “injerencistas” y los conmina a leer bien sus resoluciones antes de firmarlas. 

No bien ha concluido este affaire entre el CE y AMLO que ocurre el asesinato de otro periodista con lo que se da la razón al primero: el miércoles pasado fue abatido a tiros el periodista michoacano Armando Linares López, octavo comunicador ultimado en lo que va del año, que se suma a los más de 150 periodistas asesinados desde 2000 y a los 32 en lo que va del sexenio de AMLO. 

La resolución del CE en torno a la situación, no solo de los periodistas asesinados en México, también hace referencia a los 68 defensores de los derechos humanos que han padecido la misma suerte, pero en especial hace mención de “las conferencias de prensa diarias para denigrar e intimidar a periodistas independientes, propietarios de medios de comunicación y activistas; que la retórica de abuso y estigmatización genera un ambiente de agitación incesante contra los periodistas independientes; que, bajo el pretexto de luchar contra las noticias falsas, el gobierno mexicano ha creado una plataforma de propiedad estatal para exhibir, estigmatizar y atacar a la prensa crítica”. 

El verdadero fondo del asunto es que lo denunciado en el comunicado del CE es la realidad: el Estado mexicano no está generado seguridad para los periodistas y defensores de derechos humanos. Borregos no son los eurodiputados por exponer esto, sino los legisladores y gobernadores de Morena por su sometimiento indolente al poder presidencial; que no leen con detenimiento la resolución del CE, cuando la realidad obstinada del país confirma los considerandos del escrito. 

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