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Entre las atribuciones de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) está vigilar que se cumpla con los procesos establecidos en la legislación local en el ejercicio de los recursos públicos; sin embargo, al interior del mismo organismo, que además forma parte del Sistema Anticorrupción del Estado (SAE), se han realizado compras que podrían ser irregulares por ser autorizadas por funcionarios que no tienen esa facultad y que ya derivaron en la presentación de denuncias penales.
Según documentos de la licitación pública LP-SC-018-2019, correspondiente a la adquisición de uniformes secretariales, Sandra Verónica Márquez González firmó el 19 de junio de 2019 el acta de la junta de aclaraciones, así como la de apertura de propuestas técnicas y económicas, del 24 del mismo mes.
Ambas las signó como jefa de Unidad de Recursos Humanos de la ASEJ. Con el mismo cargo se ostenta en comunicados internos del órgano fiscalizador.
Al responder una solicitud de información que presentó un particular, el 25 de septiembre de 2018 la ASEJ informó que la funcionaria en mención ingresó a este organismo el 18 de abril de ese mismo año con el nombramiento de supervisor C supernumerario y no como jefa de Recursos Humanos.
Además, en documentos a los que este diario tuvo acceso se pudo constatar que durante 2018 quien firmó como titular de Recursos Humanos y quien todavía tiene ese nombramiento es Mario Alberto Manzano Luna. Fue designado en el cargo hace alrededor de 10 años.
Ante estas anomalías, el 8 de diciembre del año pasado se presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) de Jalisco por “el posible ejercicio indebido del servidor público Sandra Verónica Márquez González”. Los presuntos delitos que se habrían cometido son abuso de autoridad, cohecho y desvío de recursos públicos.
En la denuncia también se informó que la funcionaria ingresó a la ASEJ a pesar de que en ese momento tenía un procedimiento sancionatorio en su contra ante la Contraloría del Estado relacionado con sus declaraciones de situación patrimonial.
En una respuesta entregada vía transparencia el 4 de septiembre de 2018, la Contraloría del Estado informó que “se encontró la existencia de un procedimiento sancionatorio incoado en contra de Sandra Verónica Márquez González, relacionado con sus declaraciones de situación patrimonial, mismo que se encuentra en etapa de integración”.
Otra denuncia penal por un caso similar se presentó en contra de Ricardo Barba Delgadillo, quien aparece en la plantilla de personal de la ASEJ como auxiliar administrativo y quien ha firmado documentos como jefe de la Unidad de Mantenimiento y Conservación, área que dirige otra persona: Diego Rafael Zepeda Pérez. Su nombramiento data del primero de diciembre de 2017 y no se ha revocado.
En algunos documentos de 2018, Barba Delgadillo firmó como “encargado del departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales”; al año siguiente, como jefe de unidad de Mantenimiento y Conservación, y a partir de 2020 lo hizo como “analista adscrito a la Dirección General de Administración” de la ASEJ.
La denuncia por el caso de Ricardo Barba Delgadillo se presentó también el 8 de diciembre de 2021 y, al igual que en la que corresponde al caso de Sandra Verónica Márquez, se incluyó como presuntos responsables al auditor superior Jorge Alejandro Ortiz Ramírez y al director general de Administración, Salec Velázquez Nande.
Además, en el caso de Barba Delgadillo también se presentó una denuncia ante la Unidad de Vigilancia del Congreso del Estado para que “se investigue y se determine la existencia de las conductas denunciadas por ser constitutivas de faltas administrativas graves”.
Tanto Zepeda Pérez como Manzano Luna fueron movidos a otras áreas por el actual auditor, aunque conservan sus nombramientos.
jl/I