Estado de derecho

Cuando el presidente de México asume el poder ante el Congreso de la Unión presta el siguiente juramento: “Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen… y si así no lo hiciere que la nación me lo demande”. Así juró hacerlo Andrés Manuel López Obrador (AMLO) el 1 de diciembre de 2018. 

El viernes 20 de diciembre de 2019 el Diario Oficial publicó el decreto mediante el cual se crea la figura de revocación de mandato; en numeral 7 fracción IX del artículo 35 establece que “El Instituto (INE) y los organismos públicos locales… promoverán la participación ciudadana y serán la única instancia a cargo de la difusión de los mismos”. Posteriormente, el 14 de septiembre de 2021 se publicó la Ley Federal de Revocación de Mandato. Ambas iniciativas fueron propuestas por legisladores de Morena y aprobadas con el voto mayoritario de los legisladores de ese partido. 

No obstante que la revocación debe ser una iniciativa ciudadana, su promoción es prioridad para AMLO y los gobiernos emanados de Morena: en realidad es una consigna. Desde el presidente de la República hasta alcaldes (pasando por diputados, senadores y funcionarios públicos) han protagonizado con singular alegría la promoción de esta figura de “democracia directa”. Algunos han llegado hasta solicitar licencia al cargo para dedicarse a esta labor magnánima. 

Lo apoteósico ocurrió el pasado fin semana cuando el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández y el comisionado de la Guardia Nacional, general Luis Rodríguez Bucio, no solo se presentaron en un mitin para arengar a los asistentes a que participen este 10 de abril, sino que también viajaban en un avión de la Guardia Nacional. Entre las atribuciones del secretario de Gobernación está la de “promover la formación cívica y la participación ciudadana, salvo en materia electoral” (Ley Orgánica de la Administración Pública Federal). 

Ni el INE ni el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) se dan abasto para emitir medidas cautelares a funcionarios y legisladores que ostensiblemente violan el precepto constitucional de que el primero será la única instancia para promover la revocación. Los servidores públicos se amparan en el decretazo que interpreta el concepto de propaganda gubernamental, pero no los faculta para promover la revocación (esa solo lo pueden hacer el INE y los OPL). Son dos cosas diferentes. 

Tal parece que la legalidad es un asunto olvidado por los funcionarios, legisladores y políticos de la 4T. El acabose fue la frase lapidaria expresada por AMLO el miércoles pasado: “No me vengan con ese cuento de que la ley es la ley”, manifestando su desdén por la legalidad y el estado de derecho. 

La edición 2021 del Índice de estado de derecho del World Justice Project sitúa a México en el poco honrado lugar 113 de 139 países con una calificación de 0.43. Las Naciones Unidas (ONU) define el estado de derecho como “un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia…” Todos en el país somos sujetos obligados, todos. 

Es preocupante que quien protestó cumplir con la Constitución y las leyes sea el primero en alejarse de este juramento y justifique que sus subordinados vulneren el estado de derecho y no cumplan ni las leyes que ellos mismo aprobaron. ¿Con qué cara las autoridades gubernamentales demandan a la ciudadanía cumplir con las leyes? 

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