La reforma institucional

La primera obligación de los líderes que aspiran a ejercer un poder político ilimitado es someter las instituciones del Estado a su voluntad
Moisés Naím

Toda vez que más de la mitad de los congresos locales aprobaran la reforma para que el Ejército permanezca en las calles hasta 2028, ahora van por la reforma electoral. Esto ha propiciado un debate nacional entre las fuerzas políticas y sociales del país, enmarcados en una polarización creciente. El debate final se dará en el Congreso de la Unión entre diputados y senadores que, por ser una reforma constitucional, se requiere la aprobación de dos terceras partes de sus integrantes.

Argumentos a favor y en contra se esgrimen en el debate público con fervor. Los organismos públicos locales electorales (OPLE) elaboraron el documento donde argumentan que, en efecto, la reforma ahorraría una buena cantidad de acciones que ellos realizan, pero pondrían en peligro la calidad de las elecciones, los derechos políticos de los ciudadanos y la vida democrática en general. La confianza en las OPLE ha permitido la estabilidad política y social del país.

Un grupo de más de 100 académicos entregó una carta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados donde afirma que la iniciativa de reforma electoral es “una seria amenaza a la celebración de elecciones limpias y justas, el procedimiento político elemental de cualquier sociedad libre, plural y democrática” y que se regresaría “a una etapa de elecciones sesgadas en favor del gobierno en turno”.

La organización México Social considera que anular la autonomía del INE, centralizar las elecciones, minar su operación y favorecer la cercanía de los consejeros al gobierno beneficiará al partido en el poder, justo como estaba antes de que ocurriera la transición democrática (donde el IFE/INE fue actor decisivo).

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió el Pronunciamiento DDGDH/81/2022 “a solicitud expresa de usuarios de las redes sociales”, donde manifiesta que, tomando las luchas democráticas efectuadas en el período 1951-1965 (sic) se revise “la legislación electoral vigente, realicen un análisis honesto y serio, que recoja las expectativas ciudadanas actuales, y construyan una reforma que otorgue certeza sobre la organización de las elecciones, sobre la imparcialidad del órgano encargado de contar los votos y sobre la designación de sus integrantes”. Ello a pesar que el artículo 102 constitucional, apartado B, párrafo tercero, establece que la CNDH no será competente “tratándose de asuntos electorales y jurisdiccionales”.

A ello le han seguido otros pronunciamientos, como los miembros del Consejo Consultivo del CNDH afirmando que en ningún momento se discutió o se avaló lo que la CNDH manifiesta en su resolución; que solo lo hicieron por los hechos acontecidos entre 1951 y 1965.

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) y el Consejo Coordinación Empresarial (CCE) se han pronunciado contra dicha reforma. Además, recordemos que, del 26 de julio al 25 de agosto, se llevaron a cabo 22 foros en el parlamento abierto para la reforma electoral. Sería lamentable que las propuestas se arrojen a la basura y la iniciativa se apruebe, otra vez, “sin moverle una coma”.

Es importante señalar que estas reformas se inscriben en una tendencia observada en todos los gobiernos en el mundo con propensiones autoritarias con la intención de “destruir cualquier mecanismo que constituya un impedimento para gobernar sin restricciones” (Naím). La pretendida reforma de marras debe reflexionarse desde esa perspectiva y con esas intenciones.

@ismaelortizbarb