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La desaparición de mujeres se hizo notoriamente visible en el contexto de los feminicidios en Ciudad Juárez que iniciaron en la década de los noventa, la sentencia conocida como “Campo Algodonero” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2009) condenó al Estado mexicano por la desaparición y asesinato de las jóvenes debiendo tipificarse el delito de feminicidio.
Actualmente, en la página del Registro Nacional de Personas Desaparecidas se indica que hay un total de 111 mil 932 personas sin ser encontradas; de ese total 28 mil 95 son mujeres y constituyen 25 por ciento de las desapariciones sin localización. La edad en que más se concentran las desapariciones de mujeres es de 15 a 19 y de 20 a 24 años. De acuerdo al Sistema Sisovid de Jalisco, hay un registro histórico de mil 868 mujeres desaparecidas y 190 mujeres localizadas sin vida –en los últimos cuatro años–. Esos datos son una aproximación a la problemática, pues existe un subregistro por las desapariciones que no se denuncian y hay estados como Jalisco que desde el año pasado dejaron de subir información al registro nacional.
Para la búsqueda de mujeres, la presión de las familias ha llevado a que las autoridades implementen diversos mecanismos para su localización; se instrumentó el Protocolo ALBA, en el que se reconoce a la desaparición de mujeres y niñas como un asunto que requiere atención inmediata y contundente de las autoridades y la estandarización de los protocolos utilizados para investigar todos los delitos que se relacionen con desapariciones, violencia sexual y homicidios de mujeres.
También se actualizó en 2020 el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en el que se detallan los procesos a seguir, tipos de búsqueda y la complementariedad entre el Protocolo ALBA y similares, se indica que debe hacerse búsqueda por patrones, análisis de contexto y enfoque diferenciado.
Desde 2021 existe un Protocolo Adicional para la Búsqueda de Niñas, Niños y Adolescentes que en sus considerandos refiere a los posibles delitos de que niñas, niños y adolescentes pudieran haber sido víctimas, pero también hace notar las diferentes formas de violencia de las cuales huyen y que deben ser tomadas en cuenta en el momento de su localización, para garantizar su máxima protección.
En Jalisco, la Ley de Personas Desaparecidas del Estado (2021) entre sus principios considera perspectiva de género, enfoque diferencial y especializado y que las acciones de búsqueda se orienten bajo los principios de igualdad y no discriminación, la perspectiva de género y el interés superior de la niñez.
Si bien las leyes y protocolos son un avance reciente y fueron producto de movilizaciones y luchas de las familias, hace falta la voluntad y el trabajo de las autoridades para frenar la inseguridad, violencia e impunidad que ha impedido se atienda de forma integral la tragedia humanitaria que significa la desaparición de personas.
Rumbo al 8M, las redes y colectivas de la zona metropolitana convocan a las mujeres a solidarizarse con la lucha por la justicia de las familias de personas desaparecidas y familiares de víctimas de feminicidio, marchando desde la Plaza Imelda Virgen en el Centro de Guadalajara hacia la glorieta de personas desaparecidas. En esa jornada de lucha y resistencia por los derechos de las mujeres, el 8M es una oportunidad para visibilizar, sensibilizar y abrazar la exigencia social por justicia para las familias y demandar a las autoridades acciones eficientes y oportunas para que tragedias como las desapariciones o feminicidios ya no sigan en incremento.
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