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Tlaquepaque
Feminicidio
A partir del 1 de octubre comenzó un ciclo complejo cuyas características iniciarán a definirse poco a poco. Se trata del último año de gobierno de la administración federal y, con ello, la fase de conclusión del estilo personal de gobernar de Andrés Manuel López Obrador.
En la vieja tradición del viejo régimen se trataba de un año que solamente implicaba un trimestre del presidente saliente porque en el transcurso del año se definía en quién recaía la candidatura presidencial que, en la época de apogeo del PRI, las fuerzas internas del partido generaban la mayor disputa en la selección del candidato que en el proceso electoral mismo.
Desde 1988, la experiencia electoral se convirtió en un proceso de la mayor relevancia ante la latente posibilidad de que la oposición generase espacios importantes de representación, circunstancia que aconteció en las elecciones de la década de los 90, con proporciones de representación en las cámaras con las que no se había experimentado y, los equilibrios de las fuerzas políticas comenzaron a tener un efecto de peso en las decisiones del país.
El siglo 21 ha constituido la época de las alternancias, con lo que los procesos electorales adquirieron una relevancia constante, que dejó una significativa competencia de los institutos políticos en contienda. Durante el trayecto, nuevas ofertas políticas se establecieron en el horizonte electoral y algunas de las alternativas tradicionales se debilitaron y dejaron de ser competitivas.
El inesperado triunfo y poder que adquirió Morena en 2018, con un avasallador triunfo en las urnas, constituyó un momento de importantes cambios en los sistemas y esquemas del juego electoral. El poderío del carisma del líder del partido que se convirtió en presidente del país, pero que en ningún momento abandonó su línea de candidato permanente; contó con un apoyo popular que desde 2018 se mantiene en números superiores a 50 por ciento de aprobación.
Sin embargo, con el paso del tiempo los votantes comenzaron a diferenciar entre el candidato y las políticas públicas. De esa forma, las evaluaciones que se hacen en específico sobre el desarrollo de diferentes ejes de la administración no cuentan con esa misma popularidad. Podríamos señalar como ejemplos seguridad, pobreza, corrupción, que no tienen el mismo empuje que la persona y figura del presidente.
El adelantamiento en los procesos de selección de candidatos que en este momento se les define como coordinadoras marca nuevos tiempos para el proselitismo electoral que debería comenzar hasta enero de 2024. La competencia proselitista que en anteriores procesos se circunscribía a los tiempos determinados por el órgano electoral tendrá cambios sustanciales. Sin embargo, esos cambios no serán cambios de estrategia de comunicación política, sino de definiciones complejas al interior de las fuerzas políticas.
Ya no se trata del conflicto AMLO-Xóchitl, sino a la integración de las estructuras que competirán en la contienda a partir de enero. Lo que acontecerá de aquí a entonces será, más que proselitismo, la conexión de los candidatos con los espacios informativos, precisamente, en las noticias. Ahí conservarán la visibilidad que requieren para mantenerse dentro de la discusión pública. El problema para los demás aspirantes que suman alrededor de 20 mil cargos que buscarán, de igual forma, mantener su visibilidad para tener los elementos necesarios para proponerse como candidatos viables en sus propios partidos.
Habrá, pues, ejercicios muy complejos para sostenerse en la mirada pública, en la decisión de los partidos y en el ojo de los medios en un proceso que se ha alargado y, respecto del cual, no hay herramientas de las que estén dotadas todas las aspiraciones. ¿Tendrán la capacidad los partidos, los medios y la ciudadanía de resistir nueve meses de buscar la intención de voto y sostenimiento de las audiencias?
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