Derecho inalcanzable

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2023, en México en promedio se denuncia 10.9 por ciento de los delitos. De los casos denunciados, sólo de 69 por ciento se inicia una carpeta de investigación, y únicamente en 2.6 de los mismos se logra obtener una reparación del daño. Lo anterior significa que para las víctimas de delito en el país la posibilidad de tener garantizado su derecho a reparación integral es prácticamente nulo, de menos de 0.20 por ciento.

La Constitución mexicana obliga a las autoridades a prevenir, investigar, sancionar y reparar cualquier violación a los derechos humanos. Entre las vías para obtener la reparación se encuentran los procedimientos penal y civil, el juicio de amparo, la vía contenciosa administrativa a través de reclamar la responsabilidad patrimonial del Estado o los procesos ante los organismos públicos de derechos humanos y las comisiones de atención a víctimas.

Ante la impunidad en el país para las víctimas de delitos y violaciones de derechos humanos, la ruta para obtener una reparación está llena de burocracia y parece inalcanzable. Al referirnos sólo a las víctimas de desaparición en Jalisco, de 2018 al 30 de octubre de 2023 se contabilizan 23 sentencias por el delito de desaparición cometida por particulares y ocho sentencias por desaparición forzada. Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco entre 2018 y 30 de octubre de 2023 emitió sólo 19 recomendaciones. Lo anterior resulta grave considerando que de acuerdo con el Rnpdno el universo oficial de personas desaparecidas, no localizadas y localizadas en Jalisco es de casi 24 mil personas.

La reparación busca restablecer la situación anterior a los hechos victimizantes, cesar sus consecuencias y reparar los daños causados, constituyendo un paso hacia un verdadero acceso a la justicia. Comprende medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción, cuyo objetivo es restablecer la dignidad de las víctimas y reconocer la responsabilidad del Estado, así como las garantías de no repetición, y compensación que debe ser justa, adecuada y proporcional a la gravedad de lo sucedido y el daño causado.

Si bien la finalidad de la reparación integral es transformar tanto la vida de las víctimas, como de la sociedad para evitar la repetición de los hechos a futuro, persiste la tendencia de reducirla solamente a una compensación, entregando a las víctimas cheques, sin atender sus necesidades. Práctica que ha reforzado diversas narrativas que estigmatizan a las víctimas, quienes de forma legítima exigen su derecho a ser reparadas.

De acuerdo con la legislación en materia de atención a víctimas, la reparación debe realizarse de manera integral, adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva. Sin embargo, la lucha de integrantes del colectivo Entre Cielo y Tierra Oficial para tener garantizado este derecho ha demostrado lo contrario. Tras la obtención de la recomendación 25/2019 de la CEDHJ, desde 2019 siguen exigiendo que su reparación no se limite a un monto económico, y que se consideren los daños morales, patrimoniales, al proyecto de vida, así como ganancias y oportunidades perdidas a raíz de lo ocurrido, tal como lo ha indicado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto aún más considerando que de por sí hablar de reparación para los casos cuando las personas siguen desaparecidas, parece muy lejano e ilusorio.

La lucha jurídica emprendida por el colectivo se ha materializado en más de 10 amparos, enfrentando constante resistencia, obstrucción y prácticas dilatorias de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas Jalisco, que en vez de garantizar los derechos de las víctimas ha dedicado su tiempo y recursos a violentarlos.

El sistema de atención a víctimas y de procuración de justicia nunca ha operado con base en las necesidades de las víctimas: al contrario, por décadas ha abonado a su revictimización y desgaste. El derecho a la reparación integral, incluidas las garantías de no repetición, resulta crucial para la construcción de justicia y paz.

Es una vergüenza que el Congreso de Jalisco, aun al tener oportunidad de transformar la realidad de víctimas y reconocer y restituir sus derechos, mantiene rezagada la iniciativa de ley de atención a víctimas y responde con silencio a sus exigencias, dejándonos su posicionamiento ético voluble ante el contexto de violencia y atrocidades que nunca debieron haber existido.

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