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La Marcha por la Defensa de la Democracia se desarrolló con una organizada precisión, circunstancia que llama la atención porque no se trató, como en cualquiera de las manifestaciones que tradicionalmente han citado las diferentes administraciones para exponer un evento, haciendo uso de recursos y de clientelas para llenar las actividades que presentan. Se trató de una manifestación que hizo llamado a las organizaciones ciudadanas, así como también, una importante cantidad de ciudadanos que espontáneamente participaron en la misma. Por otra parte, el mismo día y en las instalaciones del INE, se registró la candidatura de la, ahora, candidata por la coalición oficialista en la que, se presentaron diferentes expresiones a favor y en contra de la marcha.
En ambas manifestaciones se planteó como tema central la vigilancia sobre la democracia. Un aspecto importante a destacar es el hecho de uso del espacio público. En efecto, el tema del espacio público constituyó un elemento sustancial en la organización y desarrollo de la marcha, tanto como la presencia de la coalición oficialista presentando el registro de la candidata de esa marca política.
El desarrollo de los comentarios calificativos que los diferentes actores y organizaciones políticas emitieron en favor y en contra, forma parte del juego político que puede y debe desarrollarse en una democracia. En ese sentido, las expresiones del presidente constituyeron un elemento desequilibrante en la medida en que además de ironizar y determinar sobre la democracia de los neoliberales, que son corruptos, constituye más precisamente una expresión de un jefe de campaña política. Olvidó que se trata de un jefe del Ejecutivo y que el juego político está entre los partidos y los actores que compiten al respecto y la función del Ejecutivo federal es brindar las condiciones para que se desarrolle la expresión ciudadana en un espacio que no le pertenece a un partido, sino a la sociedad.
No se trató, en los hechos, de una manifestación de la oposición contra el oficialismo, sino de una fuerte y sólida expresión de una legítima preocupación social para el sostenimiento de las instituciones en las que recae el seguimiento organizativo y democrático de los procesos electorales. Se trata, por otra parte, de una respuesta respecto de las declaraciones del oficialismo, así como de las 20 iniciativas que se enviaron el 5 de febrero pasado y que contienen diferentes elementos que preocupan en su perspectiva de control sin contrapesos de los procesos electorales.
Así, el papel del Estado constituye en garantizar que esos elementos se mantengan para toda la ciudadanía, independientemente de la adscripción política que se tenga. Se subraya así, el derecho ciudadano que tienen todas y todos los mexicanos de expresarse libremente y que la diferencia de opciones constituye un elemento sustancial en la expresión de la pluralidad que se tiene en un régimen democrático.
Sin que hubiera una relación de un tema con otro, de igual forma, llamó la atención la desacreditación que infligió el oficialismo a la participación de una instancia académica con la dirección de una intelectual e investigadora de reconocido prestigio internacional, como lo es Signa Lab y su directora, la doctora Rossana Reguillo. La altura de miras y compromiso por el desarrollo democrático de la doctora Reguillo generó que renunciase al procedimiento que le estipuló el INE para la organización de recepción de preguntas ciudadanas potenciales para desarrollarse en los debates presidenciales. El oficialismo se inconformó y atacó desproporcionadamente a la directora al punto que, para no interferir en el proceso, declinó su participación. La gran duda es ¿cuál es la función del INE en este proceso? Porque en los hechos, se convirtió en ventanilla de trámite del oficialismo.
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