Política ambiental, la deuda

En junio pasado, la candidata ganadora a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que Alicia Bárcena será la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Se trata de una persona calificada, con un perfil técnico y una reconocida trayectoria en este campo. Es bióloga y ecóloga por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene una maestría en Administración Pública por la Universidad de Harvard.

La futura secretaria cuenta también con un perfil político, pues estuvo al frente de instancias internacionales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en el Programa de Desarrollo Sostenible de América Latina y en el de Ciudadanía Ambiental de la Organización de las Naciones Unidas. Recientemente fue canciller de México.

La noticia ha generado optimismo entre ambientalistas, investigadores y sectores de la población que buscan cuidar la salud planetaria, desde sus localidades.

El perfil es importante, sobre todo para edificar una política ambiental que ha sido despreciada o ausente en nuestro país y que ha generado adeudos históricos en materia de medio ambiente y calidad de vida.

Alicia Bárcena ha marcado tres prioridades de atención que son complejas y de gran calado: el cambio climático, el agua y la biodiversidad. Ha dicho que para atenderlas se requiere restaurar, en primer lugar, los procesos naturales que hacen crisis en los tres rubros señalados.

Sin embargo, estas prioridades deberían ser complementadas por tres tareas del Estado que han estado ausentes en la política ambiental del país: la energía, la justicia y la institucionalidad.

Energía. Las fuentes de energía (su origen, manejo y distribución) definen la política ambiental (general) de un país. En el marco del cambio climático (primera prioridad de Bárcena), México adeuda esfuerzos para combatirlo. Desde 2019 y hasta la fecha diversos estudios de organismos mundiales como la ONU o el Instituto de Recursos Mundiales, entre otros, además de investigadores nacionales han evidenciado que México no solo no ha priorizado fuentes de energía renovables y limpias, sino que ahora emite mayor cantidad de CO2 por unidad de producto interno bruto, además de establecer un monopolio de Estado en su distribución.

En el ranking internacional del combate al cambio climático, dentro del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), México perdió 22 posiciones entre 2021 y 2023, al ubicarse en el lugar 68, por debajo de Colombia, El Salvador, Panamá, Brasil y Perú.

En materia de justicia ambiental, la impunidad y el crimen a los ambientalistas es un problema creciente. El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), una organización ciudadana muy prestigiada, señaló que en los últimos seis años se han asesinado a 102 ambientalistas; sólo en 2023 fueron 20. Jalisco, Oaxaca y la Cuidad de México se encuentran entre los estados con mayores ataques.

Institucionalidad. El gobierno ha recortado 74 por ciento de presupuesto de los organismos del Estado para atender el medio ambiente. La educación ambiental ha sido prácticamente eliminada de las políticas públicas.

La falta de voluntad política ha despreciado estas tareas. Si de verdad el medio ambiente será una prioridad de la nueva administración, tendrá que asumirlas con seriedad.

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GR