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El abogado de los amparos
Porque nos la quitaron
Cuando nace una palabra es porque hay una experiencia colectiva en toda una cultura que no se había experimentado antes. El término contiene peculiares emociones, conocimientos y visiones, y es también una práctica social dinámica, viva en la sociedad.
Hace unos días, en medio de un conflicto ambiental importante, a partir de la posibilidad de que se reactive una planta termoeléctrica en Juanacatlán, Jalisco, denominada La Charrería, la palabra “ambientalista” se hizo presente en el debate.
Carlos Lomelí, senador de Jalisco por Morena, se refirió a los juanacatlenses opositores al proyecto como “ambientalistas” para reprocharles su rechazo al desarrollo, al progreso y a las ganancias económicas que la planta traería al estado. Por su parte, los inconformes organizados respondieron que ellos no son “ambientalistas”, sino que son un “pueblo muy encabronado que está harto de tanta ambición de políticos y empresarios a costa de nuestra vida”.
En sus alusiones al ambientalismo, ambos actores sociales muestran la fuerza de esta denominación, involuntariamente. En México, como en el mundo, los ambientalistas han surgido de la fuerte crítica e indignación por anteponer las ganancias de unos por sobre la vida de personas, de especies y del equilibro planetario.
Gracias a los movimientos ambientalistas se han visualizado y a veces legalizado los límites a estas ambiciones. En la industria química agrícola, farmacéutica, de fabricación de pinturas, en fin, límites en centenares de ramos de la producción industrial.
En México el movimiento ambientalista tiene una larga tradición. Surge de la oposición y rechazo, en los años ochenta, a la instalación de las plantas de energía nuclear. Los ambientalistas pedían lo impensado en México (¿de entonces?), una política de cuidado y de aseguramiento de los sistemas de prevención de accidentes ante la amenaza de la corrupción para evadir la reglamentación.
Por su insistencia en el país se favoreció la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (Legepa). En ella, desde 1988 se establecen principios, derechos y obligaciones sobre la protección medioambiental y su uso sostenible.
El derecho a la información también fue promovido por ambientalistas al exigir que se plasmaran en las etiquetas de productos industrializados, su contenido. Este movimiento también ha marcado pauta para preservar áreas, aplicar la equidad y la justicia ambiental; así como para defender derechos al acceso del bienestar que otorga la naturaleza sana.
De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, ambientalista es un científico especializado en el estudio del medio ambiente y también se refiere a una persona que se preocupa por la calidad y la protección del medio ambiente.
En el caso del movimiento ambientalista de los lugareños de Juanacatlán y El Salto es relevante dado que demanda la disponibilidad de agua para el municipio, lo que lleva a un análisis más profundo sobre el uso del agua de proyectos industriales en México y el mundo.
La responsabilidad ambiental ineludible en los políticos, lejos de denostar a los ambientalistas, les exige dialogar con la sociedad, para dignificar las decisiones hacia el futuro.
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