Biodiversidad, retos contra el crimen

Entre noviembre y diciembre de este año se realizarán tres cumbres mundiales para dar seguimiento a los acuerdos internacionales sobre tres problemas de gran incidencia y que se implican: la biodiversidad, la desertificación y el cambio climático.

La semana pasada se realizó la primera con la participación de México. El equipo estuvo encabezado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales e integrado por expertos de la propia secretaría de las áreas de planeación, de la Comisión Nacional de Biodiversidad y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

Para revertir la pérdida de diversidad biológica en el país, México se comprometió a elevar su superficie protegida: en tierra del 14 al 22 por ciento y pasar de 22 a 30 por ciento de la superficie marina por medio del Sistema de Áreas Naturales Protegidas (ANP) federales, estatales y municipales.

El cumplimiento de las metas resulta todo un reto si se toma en cuenta que actualmente cada hectárea decretada como protegida cuenta con un financiamiento de 10.7 pesos, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México. A la par que se tiene que reimplantar una política ambiental que pase del abandono a la elaboración y funcionamiento de los planes de manejo mediante la investigación in situ de alta calidad, con actividades que integren a las comunidades humanas presentes en las reservas, con estrategias educativas para toda la sociedad y con actividades de vigilancia que combatan tanto los delitos ambientales, como los abusos de las industrias.

Es decir, se tiene que revertir la dinámica que ha relacionado el saqueo de las áreas silvestres y zonas marinas con tres problemas sociales altamente criminales:

El incremento en los asesinatos de ambientalistas, que en los últimos 10 años han colocado a México entre los tres países en el mundo con más homicidios contra defensores del medio ambiente, de acuerdo con el informe de Global Witness. Esta organización señala además que 40 por ciento de las muertes y desapariciones las sufren personas indígenas.

El incremento del desplazamiento forzado de comunidades, especialmente indígenas y rurales, tanto por los desastres naturales como por violencia, especialmente en zonas rurales. De acuerdo con el Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos, 101 mil personas han dejado sus casas por desastres de las fuerzas de la naturaleza y casi 29 mil personas fueron obligadas a dejar sus comunidades por la violencia.

El incremento de conflictos ambientales causados por el saqueo, la sobreexplotación y la contaminación del agua, entre otros factores. Un estudio de 2022 encontró 28 conflictos al respecto en 27 estados, entre los cuales Jalisco es el segundo lugar.

Remontar el abandono del medio ambiente en la política nacional debe pasar por una estrategia de vanguardia, que contemple dos aspectos fundamentales que inciden en la toma de decisiones y en la conducta humana sobre la naturaleza: la justicia y la educación ambientales. Ojalá que pronto las autoridades nacionales y del estado, las incorporen con la fuerza que se requiere.

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