La población no es el enemigo

Esta semana el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que está a cargo de investigar lo que ocurrió con los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, quienes desaparecieron en septiembre de 2014, en circunstancias que aún no han sido aclaradas y, por lo tanto, aún se desconoce su paradero, dio a conocer sus nuevos hallazgos, y son sumamente preocupantes, por lo que revelan de la manera en que operan las Fuerzas Armadas en nuestro país. 

Por principio de cuentas se encontró con que el Ejército sabía lo que ocurría en la Escuela Normal de Ayotzinapa, porque la tenía vigilada, y hasta había infiltrado a tres personas que se habían inscrito como estudiantes. Además, tenían intervenidas, ilegalmente, las comunicaciones de actores relevantes en el momento de la desaparición. Sin embargo, esa información se mantuvo oculta. 

Por su parte, elementos de la Marina estuvieron alterando la escena del basurero de Cocula antes de que fuera “descubierta” durante la investigación llevada a cabo por el procurador Murillo Karam e incluso encendieron una fogata, ahí donde, de acuerdo con la versión oficial, la mal llamada “verdad histórica”, algunos sicarios habrían incinerado los cuerpos de los estudiantes después de haberlos asesinado. 

Esas y otras situaciones irregulares denunciadas por el GIEI han hecho que cobre mayor fuerza la versión de que en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa hubo una intervención del Estado, por motivos que aún desconocemos, lo que implicaría que se citara a declarar, e incluso investigar, a las autoridades y titulares de las dependencias que tuvieron participación en los hechos, incluyendo al propio Enrique Peña Nieto. 

Desafortunadamente, hay señales de que eso no va a ocurrir, porque el actual presidente ya declaró públicamente que no es necesario que los marinos declaren algo más, porque ya lo hicieron en su momento, y también dijo que no hace falta citar a declarar a Peña Nieto, porque es probable que no estuviera enterado de nada. Es decir, nuestro presidente actúa como abogado defensor, lo cual llama la atención. ¿Qué personas o intereses quiere proteger López Obrador? ¿Qué sabe o qué sospecha, que no quiere que sea del dominio público? ¿O lo hace para sentar un precedente, y evitar ser juzgado por lo que las fuerzas militares pudieran estar haciendo ilegalmente en este momento, sin que él lo impida? 

Como sea, lo que es claro es que deberíamos preocuparnos por lo que está poniéndose en evidencia, que la tradición de considerar como enemigos a quienes se oponen políticamente al gobernante en turno, sin importar la legitimidad de sus motivos, como personas peligrosas, incluso para la nación, de ahí que el Ejército haya destinado tantos recursos en este caso a espiar a estudiantes de una escuela que tradicionalmente ha impulsado la independencia de pensamiento y de acción. 

Pero si de eso nos hemos enterado por la relevancia del caso, podemos suponer que hay muchas otras actividades por el estilo que siguen llevándose a cabo, especialmente porque nuestro actual presidente se interesa más en sus opositores que en los graves problemas del país, algunos de los cuales tienen relación con la intervención del ejército en los asuntos públicos. 

En ese sentido, me parece que es importante que exijamos que se localice a los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y a todas las demás personas de las que se desconoce su paradero, y que demandemos al Congreso una supervisión más efectiva de las Fuerzas Armadas, porque ni la población ni la oposición deben considerarse como enemigos, al menos no en una democracia. 

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