A manos llenas

Parece que en el Congreso local lo único que importa son los intereses políticos de sus fracciones parlamentarias y las visiones de los coordinadores, porque los temas que se tratan, hablamos de los polémicos, se deciden únicamente bajo esta óptica sin permitir intervenciones de actores externos, menos ciudadanos. 

La 63.ª Legislatura apenas lleva ocho meses en funciones y ya dio color sobre el ritmo que generará en el resto de los dos años y cuatro meses que le quedan para tomar decisiones. 

Sin importar el color partidista, los líderes parlamentarios y algunos diputados se ufanan en mencionar una y otra vez la apertura que tienen y que muestran a través del Parlamento Abierto; sin embargo, esta figura sólo se usa como excusa para imponer sus decisiones y asegurar que tienen el consenso social que se pide. 

Ahora está de moda por parte de los diputados cuando proponen algún tema o una nueva ley señalar que se estará estudiando bajo el Parlamento Abierto, y lo único que hacen son invitar algunos sectores o especialistas para que den a conocer sus opiniones y después elaboran la ley o la reforma a puerta cerrada. 

Sólo en la Legislatura pasada se dio una discusión técnica y se elaboraron las leyes de desaparecidos y de declaración especial de ausencia en revisión de artículo por artículo. 

En esta legislatura se han aprobado reformas legales y nuevas leyes asegurando que se escuchó a la gente, lo cual podría ser cierto si se ve desde el punto de vista que realizaron las mesas de trabajo, pero esto no quiere decir que en contenido fueron tomados en cuenta, porque muchas veces sus propuestas no se incluyen en la versión final o ni siquiera se mencionan en la exposición de motivos. 

Quienes encabezan la presidencia de la Mesa Directiva y la presidencia de la Junta de Coordinación Política en estos meses han demostrado que lo más importante es tener el control de los temas que se discuten y el reparto de los principales cargos. 

La alianza de las mayorías ha evidenciado una y otra vez sus prioridades en sacar los temas del Ejecutivo al aprobarle créditos, contratos de inversión a largo plazo e iniciativas de último momento como parte del trato que han amarrado, y ahora viene la prueba de fuego con los primeros cargos públicos que deben elegir: los titulares del Itei y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. 

El primer proceso inició cuestionado porque intentaron verse independientes y respetuosos, pero al darse cuenta al obtener una lista de elegibles numerosa y que se tuvo que repetir la convocatoria se percataron del poco control que tenían en el proceso, y al retomar el tema pusieron todos los candados posibles para controlarlo. Así de fácil. 

Los actuales actores políticos son expertos en caminar sobre la línea delgada entre lo correcto y lo incorrecto, aparentando legalidad sin importar las opiniones ciudadanas cuando les cuestionan la ilegalidad porque conocen tan bien el derecho, que se esconden en que puede haber varias interpretaciones de un mismo hecho y que pocas veces podría alguien quejarse. 

Ya veremos cómo les resulta este proceso y cuáles son las consecuencias que tendrán que asumir a lo largo de toda la legislatura; y todavía falta ver cómo se desarrollará el proceso del ombudsman. 

Desde este momento advertimos que, poco a poco, los diputados locales han estado minando a los organismos ciudadanos, las universidades y la sociedad civil organizada, y aunque en anteriores legislaturas han participado gustosas en los procesos, cada vez se ven menos interesadas en hacerlo. 

Puede correrse el riesgo de no hacerlo más y abandonar su participación en detrimento de la vigilancia y la fiscalización que deben hacer y quizás a eso le apuestan los políticos. 

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