El otro Enrique Alfaro

El 12 de julio de 2014 Enrique Alfaro Ramírez ingresó al palacio de gobierno y fue directamente al piso superior, con una carpeta amarilla en la mano. Ingresó a la oficina de quien en ese momento ocupaba la Secretaría General de Gobierno, Arturo Zamora Jiménez. Ahí entregó el documento que llevaba para reclamar un acuerdo en lo oscurito entre autoridades y transportistas para incrementar a 7 pesos la tarifa de transporte público.

El Enrique Alfaro de ese momento había perdido la elección de gobernador y un año antes había emprendido una lucha legal ante el Tribunal de Justicia Administrativa, que le concedió suspensiones para mantener la tarifa sin incremento.

Pero de ese Enrique Alfaro combativo, que decidió colocarse del lado de los usuarios del transporte público, ya no queda nada.

En julio de 2019, apenas unos meses después de asumir el cargo de gobernador, desempolvó un acuerdo al que su antecesor, el priista Jorge Aristóteles Sandoval Díaz había dado marcha atrás. Alfaro autorizó un incremento del precio del camión a 9.50 pesos, el alza más importante que ha habido en la historia de Jalisco.

¿Qué hizo cambiar de opinión en ese momento al ahora gobernador? Su llegada al poder, como ha sucedido a otros gobernantes.

Pero esa distancia que tomó de aquella causa que abanderó con tanto fervor se incrementa con la aprobación por parte de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado de una nueva ley de movilidad en la que, entre otros cambios, se determina ligar la tarifa de transporte público a la inflación y al costo de los insumos.

La idea no es nueva. En este caso Enrique Alfaro también rescató una propuesta que se había diseñado en el gobierno del panista Emilio González Márquez: al presentarse el Plan Institucional 2014-2018 del Instituto de Movilidad del Estado se planteó que este organismo tendría como atribución “elaborar los estudios técnicos y de investigación que resuelvan las necesidades de servicio de movilidad motorizada y no motorizada, así como establecer e indexar tarifas aplicables a estos servicios”.

En ese documento se previó como estrategia para alcanzar los objetivos de tipo sustantivo, en el punto 5.9, “indexar la tarifa de transporte público de pasajeros”, pero Emilio González no se atrevió a hacerlo. Con la decisión que tomaron el viernes pasado los diputados sólo cumplen ese viejo anhelo de los transportistas de tener un incremento automático anual.

Claro, para eludir el costo político de cara al proceso de 2024, la reforma entrará en vigor en el segundo semestre de ese año.

¿Qué implica indexar el costo de la tarifa a la inflación? Sólo como un ejercicio, este año las previsiones son de alrededor de 8.6 por ciento de inflación, lo que representaría un incremento al año siguiente de 0.81 pesos. Y ya sabemos lo que eso significa con el deficiente sistema de prepago en el transporte público, es decir, lo que sucede con las “alcancías rateras”.

La afectación que esta decisión implica no es mínima. Según la encuesta sobre Percepción de Calidad de Vida 2020 del observatorio ciudadano Jalisco Cómo Vamos, 61 por ciento de las mujeres del Área Metropolitana de Guadalajara utilizan el transporte público y alrededor de 50 por ciento de los hombres. Además, hay otro dato de la misma encuesta que evidencia más el impacto: 71.6 por ciento de los ciudadanos del nivel socioeconómico más bajo se mueven en camión.

Aunque en el Congreso del Estado se asegura que el dictamen que se aprobó el viernes pasado es el que se solicitó desde el Poder Ejecutivo, el actual Enrique Alfaro que gobierna Jalisco podría acordarse de aquel político que se movilizaba para defender el derecho de los ciudadanos a una movilidad accesible y no publicar la reforma.

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JB