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Perfil Legislativo
Después de la marcha de ayer –una de tantas que ha convocado Ricardo Villanueva desde su último desencuentro con Enrique Alfaro en mayo pasado– ha quedado claro que, en términos reales, esta guerra personal no le ha servido a ninguna de las partes, pero la Universidad de Guadalajara ha perdido más. Los números no mienten.
Apenas el martes pasado el Congreso del Estado aprobó en fast track, y con los votos de Movimiento Ciudadano, Morena, PAN y el Partido Verde, el Paquete Económico 2023 que destinará 14 mil 255 millones de pesos a la Universidad. El rector ha argumentado que el presupuesto de Jalisco para 2023 creció en 15 por ciento respecto al de este año y que lo justo es que ese mismo porcentaje se vea reflejado en el presupuesto universitario.
Los universitarios tienen razón al alegar que su presupuesto se redujo tomando como referencia la inflación y el porcentaje presupuestal que el gobierno de Jalisco ha destinado históricamente a la casa de estudios, sin embargo, el quid del asunto aquí no es económico, es político.
Quizá porque no tuvo otra alternativa, el Grupo Universidad apostó por la confrontación abierta contra Alfaro al momento de convocar a la marcha del 26 mayo para exigir la devolución de 140 millones de pesos que estaban destinados a la construcción del Museo de Ciencias Ambientales. Los universitarios sabían de antemano que este sería un punto sin retorno en su relación con el jefe del Ejecutivo estatal y se la jugaron.
Desde entonces, el catálogo de consignas contra el gobierno de Jalisco y su titular ha sido muy amplio: exigir la devolución de esos 140 millones, respeto a la autonomía universitaria, poner un freno al autoritarismo, denunciar el peor presupuesto en 30 años y alertar sobre el riesgo que corren las y los aspirantes de nuevo ingreso de no alcanzar un lugar en la universidad.
Si bien la estrategia de comunicación del Grupo Universidad se ha basado en la justicia presupuestal, un tema que de origen es noble y legítimo, es evidente que los argumentos y el emisor han sufrido un desgaste notorio en los últimos meses, después de más de un centenar de marchas y manifestaciones.
El propio rector lo hace evidente en un video que subió a sus cuentas oficiales de redes sociales el pasado 14 de noviembre cuando afirma: “Sé que a lo mejor ya los tenemos hartos con tantas cifras”. Y es que en esta discusión hay un elemento de fondo muy importante que no podemos perder de vista: frente a la opinión pública y la comunidad, Ricardo Villanueva es un político.
El hoy rector participó en un espacio estratégico en el gabinete del ex gobernador Aristóteles Sandoval, contendió bajo las siglas del PRI contra el propio Alfaro por la alcaldía de Guadalajara en 2015 y llegó a la rectoría general como parte de un arreglo entre los diferentes grupos que conviven dentro de la universidad. Además, Villanueva ha hecho públicas sus intenciones de acercarse a Morena por la vía de su dirigente nacional Mario Delgado.
Por eso, los argumentos de la comunidad universitaria, en voz de su rector, han perdido fuerza y validez y se han transformado, de a poco, en consignas de un político en contra de otro. A diferencia de la marcha a favor del INE, que emergió de forma espontánea desde la ciudadanía, las manifestaciones convocadas por la UdeG han perdido sustancia y se han extraviado en el ruido, la grilla y la confrontación entre intereses políticos.
En esta batalla en la que nadie gana, la universidad ha perdido más. Es previsible que Alfaro mantenga sus niveles de aprobación, que si bien no son altos son los mismos que en 2018; en cambio la universidad ha perdido fuerza discursiva, legitimidad y muchos recursos que, a la postre, podrían ser un lastre para el rector y para su legado frente a la comunidad universitaria.
juanluishgonzalez@gmail.com
jl/I