Desplazamiento forzado

Las personas que son obligadas a abandonar sus hogares por causas vinculadas a la inseguridad, violencia, conflictos armados, despojo de recursos y apropiación de su territorio son víctimas de desplazamiento forzado interno y tienen condiciones semejantes a los refugiados, pero sin haber cruzado ninguna frontera para resguardar su vida e integridad.

En el caso de México, aún es poco visible la tragedia humanitaria del desplazamiento forzado, aunque es un problema que se ha acentuado como consecuencia de la inseguridad y violencia que prevalecen en distintas regiones del país; algunas instancias civiles realizan un importante trabajo para identificar los puntos que han sido más conflictivos, por ejemplo la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, AC (CMDPDH) publica un informe anual que destaca las afectaciones a las víctimas y el carácter masivo del desplazamiento teniendo como referente principal la información publicada en medios.

El informe más reciente de la CMDPDH llamado Episodios de Desplazamiento Interno Forzado Masivo en México expresa la preocupación de que durante 2021 la cifra de personas desplazadas (28 mil 943) equivaldría en cantidad a la suma de los últimos tres años previos y que entre 2019 y 2022 se observaron las siguientes problemáticas: a) reclutamiento forzado de niños y jóvenes como clave para el desplazamiento familiar, b) que las adultas, niñas y adolescentes sufren una acumulación de violencias antes y después del desplazamiento y c) la principal ruta de salida sería Estados Unidos pero en la práctica el derecho humano al asilo se les niega.

De los episodios de desplazamiento forzado masivo que se registran en el informe (42 en el país durante 2021), 31 de ellos estuvieron provocados por violencia generalizada y equivalen a 74.09 por ciento de personas que tuvieron que abandonar sus hogares; la violencia política y conflictos territoriales constituyeron la segunda causa de desplazamiento (23.81 por ciento) afectando principalmente a población indígena. De manera específica la violencia se materializaría en presencia de personas armadas, casas y/o negocios quemados o destruidos, amenazas, saqueo de viviendas, robos, asesinatos, desapariciones, extorsiones y despojo de tierras. En la mayoría de los hechos masivos de desplazamiento que se documentan (37 de los 42) se reportó que las afectaciones fueron hacia las familias, es decir, que entre la población desplazada se incluían niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y particularmente mujeres.

En el caso de Jalisco se registró en 2021 que mil 90 personas fueron desplazadas de sus comunidades, destacando particularmente dos acontecimientos: Quitupan (abril), con 196 personas víctimas de desplazamiento por enfrentamientos, incursiones y ataques armados –204 en Cotija, Michoacán, por los mismos hechos– y Teocaltiche (mayo), afectándose a 894 personas pertenecientes a 250 familias de la región; en ese municipio las situaciones de violencia fueron casas/negocios quemados, personas armadas, asesinatos y tres desapariciones.

Cuando hay desplazamiento forzado las autoridades están obligadas a otorgar medidas de protección, en México la legislación general se ha puesto a discusión desde 2020, pero aún no ha sido aprobada y en el caso de Jalisco no se cuenta con una ley específica que atienda el contexto local. Naciones Unidas a través de la agencia para refugiados ACNUR identifica los riesgos a que se expone la población, como pérdida de su patrimonio o fuente de ingreso, colapso de las estructuras de la familia o comunidad, carencia de servicios y enfrentarse a estigmatización por su condición.

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