Las transgresiones electorales polarizadas

El desarrollo de las precandidaturas presidenciales que se llevan a cabo, bajo diferentes recursos eufemísticos, por los partidos políticos que en esta ocasión van asociados en diferentes tipos de coaliciones ha marcado un cambio importante en el desempeño fáctico de los procesos electorales, pasando por alto la normatividad electoral establecida en la Constitución Política de nuestro país, así como de la reglamentación particular en el Instituto Nacional Electoral (INE).

En efecto, la coalición Juntos Hacemos Historia, de Morena, Partido Verde (PV) y Partido del Trabajo (PT), comenzó muy anticipadamente el trabajo de selección de candidato, mucho antes de lo estipulado por el INE, definiendo a cuatro contendientes por el partido Morena, que fueron funcionarios de primer nivel y renunciaron a sus cargos para dedicarse de tiempo completo a la campaña para la obtención de su candidatura, que recibirá el título de coordinador de Defensa de la Cuarta Transformación. Se trata de la ahora ex jefa de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum; Marcelo Ebrard, ex secretario de Relaciones Exteriores; Adán Augusto López, ex secretario de Gobernación; y Ricardo Monreal, ex líder parlamentario de la bancada de Morena en la Cámara de Senadores. Invitados por la coalición, Gerardo Fernández Noroña, diputado federal con licencia por el PT, y el senador en licencia y ex gobernador de Chiapas Manuel Velasco por el PV.

El 19 de junio inició el proceso con la renuncia de cada uno de ellos a los cargos que tenían e iniciaron formalmente su recorrido por el país, pero se señaló que todo tiene que ver con un proceso interno de partido auscultando el interés dentro del mismo para lograr desempeñarse como coordinador de Defensa de la Cuarta Transformación y, eventualmente, podría ser seleccionado como precandidata(o) presidencial por esa coalición. Se trata de giras proselitistas con toda la parafernalia y gastos que implican estos procedimientos. Se ha buscado eliminar, si es que eso es posible, el proselitismo directo de inducción al voto para el partido. En ese sentido hay varias preguntas que se hace la ciudadanía en relación con el hecho del costo de las campañas que, inverosímilmente, se estableció en una cuota de 5 millones de pesos por candidato. Al respecto hay un silencio impresionante del INE y, más bien, un cierto vacío o quizá complacencia con este procedimiento.

El martes 26 de junio, de manera sorpresiva, la coalición Frente Amplio por México, que reúne al PAN, PRI y PRD, anunció, en primer lugar, que va hacia el proceso electoral presidencial de 2024 en coalición y, en seguida, se plantearon una serie de reglas, complejas y hercúleas, para lograr obtener la candidatura. Varios perfiles, muchos de ellos sobradamente conocidos, surgieron en el horizonte de esa línea política, pero lo inesperado fue el hecho de que, súbitamente, entraron en la dimensión de la narrativa preelectoral que tenía, hasta la semana pasada, a una sola línea de presentación.

Los procesos de las dos coaliciones contendientes implican una situación inédita en el desarrollo del procesamiento preelectoral, respecto de la cual, peligrosamente, no hay instancias ocupadas de señalar las transgresiones, de facto, en el adelanto de este proselitismo. Ciertamente, las líneas polarizadas de partidos están ocupadas en el proceso y no en el seguimiento de las disposiciones estatutarias ante las cuales el INE no parece reaccionar.

Es probable que este proceso electoral genere como consecuencia una transformación de las leyes electorales; sin embargo, el problema es que la modificación de facto tendrá efectos nocivos que el pragmatismo momentáneo no está sancionando, ¿qué sucederá con la difícil y compleja institucionalización que con mucho esfuerzo de años se estableció para lograr equilibrios y equidad en los procesos electorales?

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