El desafío de la calidad de información

El reconocimiento de empoderamiento que da el espacio público constituye un factor de alta relevancia en el desarrollo de las sociedades contemporáneas porque forma parte del factor que legitima el derecho de actuar e intervenir en los asuntos sociales, es decir, los temas públicos. La historia de occidente, desde la Constitución de Estados Unidos de 1787 y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en la Constitución francesa de 1789, marcó un profundo cambio en el sentido de la pertenencia social, y la relevancia de derechos y obligaciones ciudadanas. Así, un elemento central en esa forma de ejercer la ciudadanía y la participación pública la constituye el derecho a la información.

A través de este mecanismo de información se han constituido desde entonces estructuras socialmente legitimadas e institucionalizadas de distribución de información hacia una ciudadanía que requiere elementos para sus diversas decisiones que forman parte, precisamente, de ejercer su intervención en el espacio público. De ahí el papel que la prensa ejerce como una estructura institucional que genera información en su carácter de una industria de conocimiento que desarrolla un papel importante en la toma social de decisiones, desde las más elementales, como revisar el estado del tiempo, a acciones más complejas como decidir sobre qué candidatos emitir sus votos.

El asedio constante contra el ejercicio periodístico, teniendo en cuenta que no se trata de una estructura uniforme y estable, reviste una importancia sustancial en el marco de una cultura de desarrollo social y democrático que requiere, de forma básica un cuidado, más que un asedio que con el paso del tiempo y el cambio de circunstancias en la vida social y política del país, transformaron los escenarios del ejercicio de informar y de opinar.

Dentro de la dimensión política, la judicialización en contra de las opiniones a partir de demandas penales se ha convertido en una forma de establecer estrategias de autocensura por parte de algunos periodistas y medios que prefieren omitir información que publicarla. Los casos del portal X de Vicente Fox y la detención del columnista Alfredo Jalife-Rahme requieren una revisión profunda respecto de la libertad de expresión, sin soslayar el legítimo derecho de quienes los consideren violados a partir del ejercicio de la prensa. Es decir, se requiere una revisión a profundidad de los dos factores para poder determinar el peso judicial de una controversia de opiniones, sin que esto signifique, forzosamente, una intervención del Estado a partir del aparato judicial.

Precisamente, esa estructura sería realmente deseable en otro campo que mitiga la libertad de expresión, es decir, la violencia contra periodistas y medios de la que han sido objeto en los últimos años, con un preocupante incremento de intimidación y casos en varias partes del territorio nacional. La declaración de diferentes organismos internacionales, entre ellos la UNESCO, sobre la violencia de la que son objeto los medios y periodistas en México, constituye un preocupante indicador. Las agresiones de que ha sido objeto el ámbito periodístico tiene también un factor reconocido en los constantes señalamientos polarizantes de las conferencias presidenciales que, más que matizar algún elemento informativo, se señala esa labor como un factor de agresión personal contra el presidente.

El próximo año constituirá un importante y complejo reto para el periodismo nacional. La dimensión electoral, por una parte, las zonas de influencia del crimen organizado y, por otra parte, las propias autoridades en sus demarcaciones locales representarán un importante desafío para el ejercicio del periodismo. Este tema no es un asunto de los periodistas, sino un asunto que concierne a toda la sociedad respecto a la calidad de la información que se requiere para nuestra toma de decisiones.

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