Un amparo a los bosques

Previendo que los bosques de Jalisco ardan, tal como pasó el año pasado, en el que nuestro estado ocupó el primer lugar en estos siniestros en el país, un ejido de la sierra de Quila interpuso y ganó un amparo.

En unos días las autoridades deberán esclarecer sus estrategias de prevención y combate de incendios, además de aquellas encaminadas a la restauración de zonas siniestradas, tanto como las acciones de protección de la salud por contingencias ambientales derivadas de estos eventos. Según la ley, si las autoridades no informan sobre estas acciones incurrirían en delitos o podrían incluso ser retiradas de su cargo.

Los ciudadanos que promovieron el amparo buscan proteger el bosque La Primavera, la sierra de Quila y sus conexiones en esta temporada de incendios 2024. Se basaron en tres motivos:

1) Impedir que se repitan la magnitud y el desastre que alcanzaron los incendios el año pasado, en Jalisco, cuando se rompió la marca de siniestros y de superficie forestal quemada en el país, bajo la omisión de las autoridades.

2) Evitar las muertes de brigadistas comprometidos, como los dos que perdieron la vida en 2023 (el amparo está dedicado a la memoria del brigadista Manuel Alejandro Justo Hernández, quien murió combatiendo incendios en Tapalpa).

3) Extender la noción de la defensa de naturaleza, no solo suscrita a la lucha por la defensa de los derechos al ambiente sano, sino que merece una protección jurídica a través del reconocimiento como sujeto titular de derecho.

Estos elementos integrados en defensa de los derechos humanos y el derecho a la naturaleza y de la naturaleza, además de la resolución de las autoridades a favor del amparo, marca una vanguardia que abre caminos a una visión ambiental encaminada a mejorar la relación de la sociedad con los ecosistemas que le son cercanos.

El valor del amparo consiste, desde luego, en buscar impedir que las autoridades sigan siendo omisas en sus responsabilidades para evitar el daño intencional a los bosques; pero, sobre todo, instaura, por medio de los instrumentos y de la visión de sociedad a la que se alude en el derecho, un nuevo significado de naturaleza y un nuevo sentido de la responsabilidad humana sobre los sistemas de vida y sus procesos biológicos.

Este nuevo sentido de responsabilidad no solo limita el comportamiento humano, sino que, al resolverse el amparo, se han sucedido una serie de prácticas que van edificando institucionalmente la justicia ambiental.

Por ejemplo, se establece una nueva autoridad moral e instrumental en las instituciones que procuran la justicia en el país, toda vez que tanto las resoluciones de la Suprema Corte y del Tribunal Colegiado admiten el amparo y señalan que las omisiones de las autoridades violan los derechos humanos y derechos de la naturaleza.

Además, al admitir estas autoridades que las consecuencias de estas violaciones son de imposible reparación, dan paso a pensar a la naturaleza en términos de generación y no de reproducción. Lo que significa que en la naturaleza todo muta y que los daños a los ecosistemas tienen consecuencias evolutivas que rebasan el momento en el que ocurren. De ahí que en este amparo se hayan abierto posibilidades aludiendo al principio de precaución.

Esta experiencia del derecho despliega también una potencia pedagógica. En la medida en la que nosotros (lectores y actores sociales) concretemos esta nueva forma de pensar y de relacionarnos con los ecosistemas, crearemos nuevas prácticas de conservación y daremos la dignidad a nuevas luchas ambientales. El colectivo que generó esta experiencia tiene en sus expectativas expandir este concepto a la defensa de los ríos… “Ya la Suprema Corte ha iniciado esta discusión”, dice el abogado Alejandro López Aguayo, representante legal del ejido de La Mesa del Cobre. Nos sumamos a su demanda.

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