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En 2019, hace cinco años, se reportaba en Jalisco la peor temporada de incendios. Entonces se solicitó la ayuda de brigadistas de Nayarit y Colima, y del Ejército para combatirlos. Se habían quemado, hasta abril de ese año, 5 mil 679 hectáreas.
En 2024, la Comisión Nacional Forestal (Conafor) reporta para Jalisco 40 mil 827 hectáreas incendiadas hasta lo que va de mayo. El estado ha encabezado la lista de superficie forestal quemada del momento, como lo ha hecho antes, de manera sistemática.
Los siniestros son originados por personas. Según la Comisión Nacional de Protección Civil, 98 por ciento, ya sea por descuido en actividades productivas (en Jalisco son las menos, según las autoridades), por omisiones o bien para causar daño directo a la superficie (mayor porcentaje atribuido en el estado), aunque también para desviar la atención de asuntos críticos.
¿Qué existe en Jalisco que motiva a las personas a ocasionar incendios forestales de manera insistente?
Sobre todo, hay presión para transformar la configuración primaria de esos parajes y, no menos importante, hay una representación social de impunidad y cortoplacista de los efectos, que minimiza el crimen de iniciar un incendio forestal.
En nuestro estado los sitios siniestrados reiteradamente están vinculados a centros urbanos importantes como la Zona Metropolitana de Guadalajara, en la superficie del bosque La Primavera (Zapopan y Tlajomulco) y en la meseta de Tapalpa, donde se presentan eventos originados, incluso simultáneamente.
Según la Fiscalía de Jalisco, en lo que va del sexenio suman 26 personas procesadas por causar incendios en zonas forestales de la entidad.
El estado ha puesto especial atención a este asunto desde hace cuatro años. En 2020 se procesó a una persona; en 2021, a cuatro; en 2022, a seis; durante 2023 a 10, y en lo que va del año, hay cinco personas detenidas por ocasionar incendios forestales.
Según el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, estas últimas no dañaron zonas donde se puedan construir casas, por lo que no identifica claramente el motivo de los ilícitos.
Sea cual sea la causa, estas conductas reflejan que la sociedad debe seguir ajustando sus dos brazos para cambiar la representación social de los incendios: el derecho y la educación.
Que ambos incidan en asociar estos actos como sinérgicos de la catástrofe ambiental que vivimos es muy relevante. Tanto el derecho como la educación pueden sumar elementos sociales de peso para mirar al origen de los siniestros como crímenes agravados en esta era.
El derecho está avanzando obligado por la presión social y no es menos relevante que se entienda que estos actos repercuten directamente en el calentamiento global y la alteración de los ciclos atmosféricos. Los incendios agravan la vulnerabilidad por sequía y favorecen la desertificación. Es decir, tienen efectos en el corto plazo sobre la disminución de la riqueza biológica, la contaminación de agua, la pérdida de fertilidad del suelo, y el aumento de eventos de deslizamientos de cerros y azolvamiento de lagos y ríos.
Por ello, originar un incendio forestal no puede olvidarse hasta la siguiente temporada.
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jl/I