Ilegitimidad: el desgobierno de la ley

En un interesante ensayo sobre la cultura política mexicana publicado en 2011 (shorturl.at/AEWZ9), el doctor Stephen D. Morris considera que la falta de respeto a la ley y la comisión de actos de corrupción por parte de la ciudadanía pueden interpretarse como actos de resistencia contra la opresión política.

El doctor Morris plantea que para que en México exista una situación de verdadero imperio de la ley es necesario superar dos grandes retos: el que ofrece la sociedad, en forma de crimen, mercados informales, etc., y el que presenta el propio Estado, que se manifiesta en corrupción, violación de los derechos humanos y un largo etcétera. Pero, precisa, el rasgo común entre ambos es la carencia de legitimidad.

Para el doctor Morris, los mexicanos raramente confiamos en las leyes, las instituciones de gobierno y los propios políticos debido a que tenemos la impresión de que estos últimos utilizan el marco normativo y las instituciones de forma tal que solo sus propios intereses son atendidos, y crean condiciones que les permiten abusar de la ciudadanía. Debido a eso, sigue explicando, la población resiste el abuso negándose a respetar las leyes, e incluso participando en actos de corrupción, a fin de poder resolver sus propios asuntos, dado que seguir el camino legal puede resultar imposible e incluso contraproducente.

Esa percepción es tan fuerte que incluso lo que aparentemente se hace bien, como meter en la cárcel a algún personaje poderoso, se interpreta como un acto teatral, dado que no se cree que realmente se quiera hacer valer la ley, sino que se le utiliza como un instrumento para venganzas o ajustes de cuentas políticas.

La conclusión general es que, mientras no se aplique de manera estricta la ley a todas las personas, empezando por las que son percibidas como “poderosas”, será muy difícil que la ciudadanía confíe en sus autoridades y seguirá interpretando los llamados a respetar la ley como una invitación a someterse a la opresión.

Habrá quien considere que lo que el doctor Morris plantea podría ser cierto hace 11 años, pero que actualmente las cosas han cambiado. Sin embargo, la Encuesta Nacional de Cultura Cívica (Encuci) 2020 encontró que 33.4 por ciento de la población de 15 años y más opina que para elaborar las leyes los legisladores toman más en cuenta los intereses de sus partidos, mientras que 30.4 por ciento considera que más bien toman en cuenta los intereses individuales de los legisladores. Es decir, casi dos terceras partes de la población consideraba hace dos años que las leyes no son legítimas porque no buscan atender los intereses de la población.

Alguien podría decir que eso es una mera cuestión de percepción, pero que en los hechos sí se legisla a favor de la gente, pero es difícil sostener ese argumento si recientemente en el Congreso de Jalisco, la mayoría, conformada por los partidos MC, Morena, PRI, PAN y PVE, aprobó de forma expedita anular la ley conocida como Sin Voto No hay Dinero, con el pretexto de generar ahorros y una distribución más equitativa de recursos, pero realmente hará que la bolsa de recursos a repartir entre los partidos políticos pase de 168.2 millones a 394.1 millones de pesos, es decir, más del doble.

Y mientras tanto, la despenalización del aborto o la donación de órganos para trasplantes, por mencionar solo dos asuntos, siguen sin ser atendidos; las comparecencias de funcionarios se utilizan para protegerlos; y se excluye a la sociedad civil de asuntos tan importantes como las designaciones públicas. ¿Cómo considerar legítimo nuestro marco legal en esas condiciones?

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