Cien días de la CEDHJ

El 2 de agosto del presente año inició el periodo de cinco años de la titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), Luz del Carmen Godínez González. A más de 100 días de su gestión, las acciones más relevantes son las siguientes:

En octubre, la Contraloría de CEDHJ reveló la existencia de cinco quejas contra consejeros ciudadanos de la comisión, sin precisar el motivo de las quejas, debido a que seguían en la etapa de investigación, y que, ni siquiera se había notificado a los afectados.

Lo que dio a conocer entonces, según nota periodística de Jessica Pilar Pérez, es que “algunas quejas son en contra de los ocho consejeros ciudadanos y otras están dirigidas a unos en específico por causas distintas”.

A finales de noviembre, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) presenta denuncias penales en contra de funcionarios de la pasada administración por diversas irregularidades, entre ellas, que no se retuvo el impuesto sobre la renta (ISR) relacionado a los aguinaldos y ese dinero fue a parar a una bolsa de donde se pagaban asimilados al salario a empleados que resultaron ser amigos de funcionarios de la comisión, durante la administración de Alfonso Hernández Barrón.

Asimismo, querellas referentes a adeudos por 170 mil pesos con el Siapa por el mal manejo que se hizo a un módulo de la comisión en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Entre otras, el que 10 personas fueron basificadas sin contar con los requisitos e irregularidades con el manejo de contratos de telefonía celular.

Si usted, amigo lector, revisa la página de la CEDH Jalisco se dará cuenta de que no hay emisión de recomendaciones en estos 100 días de gestión, ni emisión de medidas cautelares, es decir, desde el inicio de la administración de Godínez González.

La última recomendación del 20 de julio de 2022 la realizó la anterior administración a la Fiscalía General del Estado, a la Fiscalía Especial de Desaparecidos y al Instituto de Ciencias Forenses, “ante la falta de acciones efectivas, diligentes, profundas y humanitarias de los servidores públicos que representan a las distintas instituciones del Estado encaminadas a la búsqueda e identificación de las víctimas, a conocer los motivos de la desaparición, a la investigación de los delitos inherentes y a la detención y sanción de responsables”.

Mientras esto sucede, en el acceso a la salud, que incluye la prevención, y el derecho a un ambiente sano, se está haciendo muy poco; desde los desechos, la basura, hasta el agua y la deforestación están también de manera preeminente, y en todo esto, las autoridades quedan a deber.

Lo que se sigue percibiendo es que la Comisión Estatal de Derechos Humanos está desvinculada de la sociedad, y más específicamente como lo apunta el académico Rubén Alonso González, “de la vida cotidiana de la sociedad”. Y señala que no dirige su atención a aquellos sectores y zonas de vida social donde no están presentes los grupos especializados, por lo que “la Comisión de Derechos Humanos carece de calle, barrio y de rostro ciudadano”.

Considera Alejandra Nuño, directora del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, SJ del ITESO, que uno de los retos de la ciudadanía, es “usar a la comisión, acudiendo, ponerla a prueba denunciando violaciones a los derechos humanos en todos los ámbitos, apropiarse de ella, para hacerla útil”. Y que el reto de la titular actual es demostrar, con recomendaciones contundentes e investigaciones objetivas y expeditas, que verdaderamente defiende los derechos humanos de los jaliscienses y que no tiene vínculos políticos.

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